Reconstruir sin quebrar

Síganos y léanos en Google Discover

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al occidente colombiano el pasado 10 de agosto dejó una herida profunda. Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó reportan daños estructurales en viviendas, edificaciones, hospitales, vías y aeropuertos, además de un doloroso saldo de personas fallecidas y desaparecidas. Las cifras preliminares hablan de $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura, cerca de $30 billones en total, equivalentes a 1,6% del PIB en pérdidas económicas directas. Más allá del drama humano, surge una pregunta ineludible: ¿cómo financiar la reconstrucción sin comprometer la ya frágil sostenibilidad fiscal?

La tentación fácil sería recurrir a nuevos tributos permanentes. Colombia ya arrastra una carga tributaria compleja y un espacio fiscal estrecho; sumar impuestos estructurales en emergencia solo añadiría rigidez. Por eso, desde Anif hemos propuesto un conjunto alternativo de medidas concretas que movilizan recursos ya disponibles en el sistema, en lugar de crear nuevas cargas.

La primera propuesta es revisar la ejecución presupuestal. El Presupuesto General de 2026 tiene apropiaciones de inversión aún no comprometidas por cerca de $20 billones, concentradas en sectores con baja ejecución. Redirigir parte de ese monto -sin tocar los rubros que ya atienden la tragedia- financiaría la atención inmediata sin esperar el trámite de una reforma. El Presupuesto de 2027, además, debería priorizar a las entidades de gestión del riesgo y reconstrucción.

Anif también propone movilizar el Sistema General de Regalías. A julio de 2026 hay $3,7 billones en proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es decir, comprometidos en el papel pero sin respaldo contractual real. A eso se suman $10,1 billones ya recaudados y sin asignar. Focalizar ese dinero hacia los territorios afectados, permitiendo a los municipios aprobar proyectos de emergencia fuera de sus planes de desarrollo, agilizaría la respuesta sin nuevo endeudamiento.

El sector privado también tiene un papel, con los incentivos correctos. Ampliar Obras por Impuestos y Obras por Regalías a ciudades como Pereira, Manizales y Cali -que hoy no califican- canalizaría cerca de $269.000 millones disponibles hacia la reconstrucción. Además, líneas de crédito garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías, con coberturas entre 60% y 90%, sostendrían a las microempresas golpeadas, replicando lo que funcionó en la pandemia, con una capitalización estatal de entre $90.000 y $240.000 millones.
Anif plantea también un anticipo solidario del impuesto de renta: que los contribuyentes que lo deseen adelanten hasta 10% de su liquidación, descontable en su totalidad al año siguiente. No sería un impuesto nuevo, sino un préstamo ciudadano al Estado, con trazabilidad garantizada mediante un certificado oficial.

Ninguna medida es, por sí sola, suficiente. Pero combinadas, las propuestas de Anif ofrecen una ruta alternativa a la tributaria: movilizar lo que ya existe -presupuesto, regalías, incentivos tributarios, crédito garantizado- antes que crear cargas permanentes. La experiencia del Eje Cafetero en 1999 dejó una lección clara: la reconstrucción exitosa depende de la velocidad y la disciplina con que se ejecutan los recursos disponibles. Ese debe ser el criterio que guíe las decisiones del gobierno en las próximas semanas.