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Esta semana el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), uno de los documentos que más ansiedad le genera a los analistas económicos y a los mercados financieros, ya que recoge las proyecciones oficiales en materia fiscal. No es fácil resumir todos los mensajes de dicho informe, pero si hay algo que sintetiza buena parte de las cifras que allí se presentan, es la simple observación de que Colombia ya no es más un país grado de inversión.
El dictamen lo tendrán en últimas las calificadoras de riesgo que aún no se han pronunciado, en particular Fitch. Es probable que más temprano que tarde, esta agencia anuncie la rebaja de la calificación de deuda soberana de nuestro país. Recordemos que ya S&P hizo lo propio al rebajar la deuda pública colombiana en moneda extranjera a grado especulativo.
Colombia ya no es un país grado de inversión simple y llanamente porque las métricas de deuda actuales y esperadas son altas. Tenemos un problema de deuda pública, fraguado a lo largo de varios años y acentuado por la pandemia. El Ministerio de Hacienda intentó ponerle freno, presentando una reforma tributaria ambiciosa que no fue bien explicada a la opinión pública, y que algunos partidos políticos aprovecharon de forma oportunista para encender los ánimos y ganar puntos a costa de un Gobierno con baja popularidad. La reforma se volvió la cerilla que prendió una hoguera, que varios quisieron atizar para luego encontrarse muy cerca de una candela que los podía incluso consumir. Ahora que los ánimos parecen más calmados, y con la esperanza de que prevalezca el diálogo y no las vías de hecho, el Gobierno buscará una reforma impositiva en el segundo semestre del año, que según las cuentas fiscales del MFMP traerá 1,2% del PIB de mayor recaudo a partir de 2023.
A pesar de la reforma anunciada, Colombia seguirá exhibiendo niveles relativamente altos de deuda en los próximos años, lo cual seguramente demandará nuevos esfuerzos fiscales en próximos gobiernos, ya sea vía impuestos o gasto. Las proyecciones del MFMP muestran una deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) como porcentaje del PIB que alcanza un máximo de 69% en 2023 y desciende a 62,8% en 2031, toda una década por encima de 60%, justo en un horizonte de tiempo donde las tasas de interés internacionales se esperan vayan en aumento.
Las métricas de corto plazo tampoco son halagüeñas. Con la reforma que no fue, el Gobierno esperaba un superávit fiscal primario de 0,7% del PIB en 2022, mientras ahora proyecta un déficit primario de 4,1%. Para este año, el déficit del GNC se proyecta en 8,6% del PIB, unos $95 billones, si se incluye un ingreso extraordinario por $14 billones de la venta de ISA. Si esta venta no ocurre, el déficit será de 9,9% del PIB - unos $110 billones, cifra que es difícil de dimensionar, pero equivale a más de cuatro veces el costo del Metro de Bogotá.
Estas cifras fiscales ponen de manifiesto la alta vulnerabilidad del país frente a choques futuros. En la próxima década cualquier evento que descarrile a la economía colombiana o los mercados financieros internacionales nos va a encontrar con un margen fiscal muy limitado.
El viento sopla, por ahora, en la dirección correcta, con los precios del crudo al alza. Es momento que el Gobierno considere una estrategia robusta de cobertura de ingresos petroleros, y que el país se tome en serio el enorme reto fiscal que tiene.
