Los derechos de quienes aún no nacen

En el debate sobre la reforma pensional, todavía bajo estudio por parte de la Corte Constitucional, el énfasis ha estado dividido entre lo procedimental y los posibles avances en cobertura y equidad del nuevo sistema. Sin embargo, se ha discutido mucho menos sobre su sostenibilidad y las implicaciones que tendrá en el mediano y largo plazo. Esa debería ser, justamente, la dimensión central: la que conecta esta y otras reformas con la noción de justicia entre generaciones.

La Constitución colombiana reconoce que el desarrollo sostenible y la sostenibilidad fiscal son principios esenciales para garantizar el bienestar no solo de los ciudadanos actuales, sino también de los futuros. Cuando se ignoran esos principios, las reformas dejan de ser progresistas y se convierten, con el tiempo, en regresivas.

El sistema pensional es, por definición, un pacto entre generaciones. En los esquemas de reparto -que con la reforma pasarán a dominar buena parte del sistema- los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya cumplieron su ciclo laboral, bajo la promesa de que las generaciones siguientes harán lo mismo. Pero ese contrato solo es legítimo si se sostiene en reglas estables, equitativas y sostenibles. Si hoy se amplían beneficios sin respaldo actuarial, si se reduce el ahorro individual y se traslada el peso al presupuesto público, el pacto se rompe. No con los pensionados de hoy, sino con los cotizantes del mañana.

Anif ha advertido que la reforma aprobada reduce el ahorro de los trabajadores y debilita el mercado de capitales, afectando la capacidad del país para financiar inversión y crecimiento. Menos ahorro no solo significa menor rentabilidad para los futuros jubilados; también implica menos recursos para infraestructura, vivienda, innovación y transición energética. Un país que ahorra poco crece poco, y uno que crece poco difícilmente puede garantizar pensiones dignas o derechos sociales amplios. La sostenibilidad pensional y la sostenibilidad fiscal son, en ese sentido, dos caras de la misma moneda: ambas protegen los derechos de las generaciones futuras.

El riesgo de una reforma desequilibrada no es teórico. Colombia ya enfrenta pasivos pensionales equivalentes a varias veces el PIB. Cuando el diseño del sistema amplía el componente de reparto sin compensarlo con ahorro, lo que en el corto plazo parece una victoria social se convierte en una deuda silenciosa que pagarán los más jóvenes.

La sostenibilidad fiscal, incorporada a la Constitución en 2011, no es un obstáculo al gasto social, sino su garantía. Un Estado que gasta más de lo que recauda, o que sustituye ahorro privado por gasto corriente, termina reduciendo su capacidad de cumplir derechos en el futuro. Por eso, la discusión sobre el sistema pensional no puede limitarse a cálculos contables: es, ante todo, una cuestión de equidad intergeneracional.

Los abultados déficits fiscales y pensionales, no solo en Colombia, sino en muchas economías del mundo, deberían ser un campanazo de alerta frente a los derechos de las futuras generaciones. Si aceptamos que esos derechos existen, la sostenibilidad no es un tecnicismo: es una obligación moral y constitucional. Pensar en quienes aún no nacen es el acto más responsable -y más justo- que puede asumir una sociedad que quiere perdurar.