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Como era de esperarse, el proyecto de ley de financiamiento anunciado por el Gobierno fue recibido con acidas críticas, atizadas por la impopularidad propia que conlleva aumentar impuestos. El debate sobre la reforma -en muchos casos polarizado con fines políticos- ha sido poco técnico. Sin la incauta creencia de ser exhaustivo, presento en esta columna algunos elementos que considero importantes en la discusión.
El primero es que nuestro país cambió su modelo de Estado Social de Derecho con la constitución de 1991, pero no ha encontrado una fuente estable de financiamiento de dicho modelo. La caída del precio del petróleo en 2014 debe ser un recordatorio angustioso de la fragilidad fiscal de nuestro país.
Entendido que el país desea continuar con los programas sociales, un segundo elemento es cómo aumentar los ingresos tributarios del Gobierno. Es claro que el sistema puede y debe más progresivo, pero varios diagnósticos juiciosos, incluido el de la comisión de expertos sobre el tema tributario, coinciden en que debe ampliarse la base de personas naturales que tributan. Nos enseña la historia, que el Estado moderno es hijo de la tributación de sus ciudadanos
Con el fin de aumentar los ingresos tributarios, la ley de financiamiento propone extender la base de los productos gravados con IVA, incluyendo la mitad de los ahora exentos o excluidos, que hacen parte de la canasta familiar. Una alternativa diferente sería aumentar el número de personas que pagan impuesto de renta, pero esta alternativa, además de igual de impopular, incentivaría la informalidad.
El IVA es regresivo. El Gobierno ha propuesto un esquema de devolución usando el programa de familias en acción que hoy cuenta con cerca de 2,5 millones de familias en 1.100 municipios. Dado que otros países con instituciones similares a las de Colombia tienen programas de devolución de impuestos, y la experiencia acumulada en los últimos 18 años con familias en acción, resulta sorpresivo el pesimismo de algunos analistas sobre la factibilidad de dicho programa.
La devolución del IVA no solo reduciría su efecto regresivo, sino que tendría un efecto positivo sobre la distribución de ingreso. Adicionalmente, dicho programa puede perfeccionarse en el futuro de tal forma que la devolución sea parcialmente con base en consumo de productos provenientes de establecimientos formales, de tal forma que el programa no solo proteja a los hogares más pobres sino que estimule la formalidad.
Una de las críticas es que la clase media se verá afectada por la reforma. Esta crítica es válida y no debe ser tabú. Pero sería mejor discutir medidas adicionales de compensación del IVA que protejan a la clase media más vulnerable, antes que renunciar por completo al proyecto. El punto de discusión debería avanzar de si hay IVA o no a la canasta familiar, a hasta donde es posible compensar a más familias.
La reforma podría incluir la devolución del IVA a la canasta familiar a trabajadores que gane hasta $1 millón, que son apropiadamente 60% de los asalariados. Esto podría hacerse usando las cajas de compensación. El nivel de $1 millón es arbitrario, pero podría ser el inicio de la discusión, tanto de beneficios como de costos en términos de recaudo. Una medida como estas, sería a favor del empleo formal y mantendría abierta la posibilidad de aumentar los ingresos tributarios.
