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Analistas 15/07/2021

La reforma posible

José Ignacio López
Director Ejecutivo Investigaciones Económicas en Corficolombiana

Esta semana el Gobierno presentó lo que serán los puntos más gruesos de la reforma tributaria. Se espera que el articulado completo se conozca la semana entrante, y si bien el acto de presentación tuvo poco contenido económico, mostró que, a diferencia de la reforma anterior, el Gobierno tiene el terreno mucho más preparado en lo político para darle un trámite expedito al proyecto.
Los puntos anunciados por el Ministerio de Hacienda no generaron sorpresas. La reforma incluye una expansión temporal del gasto enfocado en mantener y expandir el programa de Ingreso Solidario en 2022, subsidios al empleo formal (Paef) para lo resta de 2021, el programa de gratuidad de matrícula para educación superior, y el gasto asociado al subsidio a la nómina, en particular para la contratación de jóvenes de 18 a 28 años. Estos programas de gasto tienen un costo esperado de $4 y $8 billones para 2021 y 2022, respectivamente.

Por el lado de los ingresos, la reforma desmantela algunas de las medidas de la última reforma tributaria, la Ley 2010, conocida como Ley de Crecimiento, al aumentar la tasa de tarifa de renta corporativa de 30% a 35%, mantener el descuento del ICA en 50% para el pago de renta empresarial, y una extensión de 3 puntos porcentuales de sobretasa al sistema financiero hasta 2025. La propuesta también contempla un nuevo programa de normalización de activos para 2021 y 2022. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda espera generar un ahorro en el gasto de funcionamiento del Estado de $1,9 billones a partir de 2023 y un aumento del recaudo con motivo de la fiscalización y mayor eficiencia de la Dian por $2,7 billones anuales. Casi un tercio del recaudo neto de la reforma, de $15 billones a partir de 2023, proviene del programa de ahorro de gasto y de lucha contra la evasión.

La reforma dista de ser una de carácter estructural y de hecho nos pone en una senda fiscal que requerirá medidas adicionales por parte del próximo Gobierno. La reforma es resultado de un equilibrio político donde con muchos errores y en una tormenta perfecta, la anterior propuesta fracasó estrepitosamente. Las mejores reformas son las que se pueden hacer y no las idílicas que solo habitan en el mundo de las buenas intenciones. Por lo tanto, ahora solo queda esperar que tenga un trámite sin sobresaltos.

Esta aceptación pragmática de la reforma, no obstante, no es, ni debe, ser equivalente a renunciar a la aspiración de tener un estatuto tributario más simple, progresivo y que corrija el desbalance entre el recaudo a través de las empresas y el que directamente pagan las personas. La narrativa de que las empresas son las más pudientes y son las que ahora están dispuestas a aportar, en medio de una difícil coyuntura, responde a un pragmatismo en el corto plazo que bien puede socavar la capacidad en el largo plazo de tener un sistema tributario que vea a las empresas como el sitio donde se origina la riqueza y no como una fuente inagotable de recursos para el erario. Es importante explicarle a la gente una y otra vez que las empresas no son ricas, ni pobres, y que altas tasas tributarias tiene un efecto adverso en la inversión y el empleo. No es el único factor, pero es claro que las tasas impositivas al sector empresarial contribuyen de forma importante a la alta informalidad de nuestro país. No podemos abandonar la aspiración de tener en un futuro un sistema tributario más simple y eficiente.