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Algunos economistas del país, al comparar el gasto público como porcentaje del PIB de Colombia con el de las naciones más ricas, concluyen que tenemos un Estado pequeño. El actual director de Planeación Nacional en algunas de sus intervenciones lo ha llamado un Estado raquítico. Es cierto que en buena parte de nuestra historia republicana hemos tenido un Estado pequeño y siempre corto de sus tareas básicas. No obstante, en las últimas décadas, en particular desde la Constitución de 1991, el tamaño del gasto público en Colombia ha aumentado de manera importante.
La comparación con los países más ricos, que lleva a la conclusión de que nuestro Estado es raquítico, no obstante, es problemática. La historia de muchos países desarrollados muestra una expansión del tamaño del Estado como un resultado y no necesariamente un prerrequisito del crecimiento hacia niveles de alto ingreso. Los países más ricos no tenían un gasto público mayor, cuando tenían niveles de desarrollo comparables al nuestro. De hecho, todo lo contrario, tenían Estados más pequeños. En buena medida ha sido el crecimiento de sus economías y de la actividad privada lo que les ha permitido expandir la esfera de lo público. Un ejemplo muy claro son los países escandinavos, a veces idealizados en fantasías económicas que no corresponden a su historia económica. Noruega y Suecia, para citar solo dos ejemplos, tenían a finales de la década de los 50s un ingreso per cápita similar al de Colombia en la actualidad y tenían un gasto del gobierno general como porcentaje del PIB de 20% y 22%, respectivamente. Un nivel muy inferior al dato de 35% para 2021 en nuestro país.
Si tenemos en cuenta el nivel de ingreso, el gasto público de Colombia en proporción a su economía no resulta pequeño. Si algo resulta ligeramente superior al de la mayoría de los países del mundo en relación con sus respectivos niveles de ingreso. Esta premisa conduce inmediatamente a la reflexión de por qué en nuestro país sigue siendo tan precaria la provisión de bienes públicos. Obviamente, la discusión de eficiencia y priorización del gasto es fundamental a la hora de pensar el impacto que tiene lo público en el bienestar de los colombianos. Ejemplos de corrupción, ineficiencias y falta de focalización en el uso del erario abundan. Ya es bien conocida la abultada cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible que subsidia la gasolina y el Diesel sin un criterio claro de focalización. Las pensiones del régimen público incluyen subsidios a los pensionados de ingresos más altos y carreras laborales más estables. En el Presupuesto General de la Nación para este año el pago de las mesadas pensionales es superior al rubro de aseguramiento en salud, las transferencias a las regiones y 10 veces los recursos destinados a las instituciones de educación superior. En el caso de los subsidios a los servicios públicos también sabemos que buena parte termina siendo apropiados por hogares que no son pobres o vulnerables. A estos ejemplos de gasto sin la debida focalización hay que sumarle los conocidos casos de despilfarro y corrupción.
No tenemos un Estado tan raquítico en recursos, sino pobre en resultados. Este año, que uno de cada cuatro pesos de gasto de la economía colombiana será decidido por algún ministerio en Bogotá, es más relevante que nunca procurar una mayor eficiencia en lo público.