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Los resultados de la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética, Impe, para 2024, elaborado por Promigas y su fundación, son agridulces. Con avances modestos que evidencian una leve reducción de la pobreza energética y la persistencia de amplias brechas regionales, el estudio expone la realidad de un país que aún está lejos de enarbolar la bandera de la Transición Energética Justa.
Aunque los resultados del informe dan cuenta de una reducción de la pobreza energética de 16,1% (2023) a 15,4% en 2024, correspondientes a más de 300.000 personas que han superado esta condición. También, señalan que todavía uno de cada seis colombianos no tiene acceso suficiente o adecuado a la energía para satisfacer necesidades básicas, como estudiar, trabajar o realizar actividades domésticas. En total, cerca de 8,1 millones de personas se mantienen en condición de pobreza energética.
Este índice se construye a partir de cuatro dimensiones, cada una con sus indicadores y porcentaje: acceso y calidad de la energía concentra el mayor peso con 40%, seguida por vivienda funcional y liberadora de tiempo; y aprender y comunicarse cada una con 25%; y por último, territorio equipado para el bien-estar (10%). En esta metodología, los miembros de los hogares que acumulan al menos el 30% de las privaciones ponderadas se consideran en pobreza energética.
La actual crisis que atraviesa Colombia con la vertiginosa disminución de las reservas de petróleo y gas, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración y explotación y la creciente deuda del Gobierno con empresas del sector eléctrico constituyen una amenaza a la reducción de la pobreza energética lograda hasta hoy. Ni qué decir del encarecimiento de las tarifas de servicio de gas natural que, en el último año, debido a la importación, registra un aumento de hasta un 90% en distintas ciudades del país.
El caso del Atlántico, el departamento con el mayor retroceso en el Impe es una alerta de lo que podría suceder en otros territorios y convertirse en una tendencia irreversible en el país. Al pasar de 9,3 % en 2023 a 14,8 % en 2024, lo que significa que 162.400 personas volvieron a caer en pobreza energética por condiciones desfavorables en materia de calidad del servicio eléctrico, se evidencian las fallas estructurales del sistema eléctrico y el deterioro en la prestación del servicio.
De acuerdo con el estudio, este deterioro se explica principalmente por desmejoras en la calidad del servicio eléctrico, en los municipios de Malambo, Soledad, Ponedera y Manatí, donde se incrementó la duración de las interrupciones del servicio en el último año. En estos municipios, la calidad de la energía pasó de 11,3% a 41,3%, anulando gran parte de los avances acumulados y llevando al Atlántico a converger a los altos niveles de privación en calidad de la energía del resto de departamentos del Caribe (45%).
Los complejos retos estructurales que presenta el país cuestionan la eficacia de las actuales políticas energéticas nacionales, demandando un nuevo enfoque integral que enfrente con urgencia la crisis de energía y gas. De lo contrario, la desigualdad energética podría profundizarse con un impacto dramático para miles de familias colombianas.
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