El ocaso del gran estado

El reciente cierre del gobierno de los Estados Unidos dejó una lección disruptiva: cuando el Estado se queda sin recursos, la inteligencia artificial sostiene funciones que antes requerían muchas más humanos. En plena parálisis, varias agencias federales siguieron operando gracias a sistemas automatizados y análisis predictivo. La tecnología no fue futurismo: fue capacidad institucional real. Lo que la empresa privada lleva años implementando, resultó en conjuro para sobrellevar la crisis generada por la división política.

¿Y en Colombia qué? Mientras otros países entienden que el Estado moderno debe ser ágil, digital y eficiente, aquí seguimos ampliando una estructura sobredimensionada. Lo paradójico es que nuestra propia Constitución exige lo contrario: el artículo 209 ordena eficiencia, economía y celeridad. Y tanto la Ley 489 como el Cpaca insisten en racionalizar trámites y adoptar tecnologías que mejoren la gestión.

El diagnóstico: cada ineficiencia impone un costo fiscal y social que recae sobre el contribuyente. Un trámite manual, una plataforma obsoleta o una duplicidad burocrática generan una forma de impuesto oculto: el impuesto de la ineficiencia. La IA, en cambio, reduce costos de transacción, minimiza riesgos, agiliza decisiones y libera al talento humano. En términos económicos, la IA incrementa la productividad del Estado, lo cual siempre ha sido esencial para gastar menos y gobernar mejor. Lo que pasa, de cara a la política, es que la austeridad no tan es popular para hacerse elegir en el Gobierno.

A esta ecuación se suma un efecto aún más delicado: los Estados grandes e ineficientes son el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Donde hay procesos lentos, presupuestos sobredimensionados y estructuras duplicadas, florecen las oportunidades para tratos indebidos, favoritismos, contratos amañados y captura burocrática. La evidencia comparada es contundente: cuanto mayor es la discrecionalidad operativa y menor la eficiencia institucional, mayor es la corrupción. Un Estado grande no es necesariamente un Estado fuerte; es, muchas veces, un Estado vulnerable. Pareciera que aplicar la IA en el Estado genera incentivos contrapuestos; los del pueblo, y los del gobernante. ¿Cuántos gobernantes quisieran un presupuesto pequeño y operando en máxima eficiencia? ¿Cuántos ciudadanos prefieren un Gran Estado que opera lento y a gran costo?

Y sin embargo, en la discusión pública ocurre algo curioso. Los candidatos presidenciales deberían estar hablando abiertamente de cómo la IA puede transformar la administración pública, reducir el gasto, cerrar espacios para la corrupción y mejorar la vida del ciudadano. Deberían estar proponiendo un Estado más pequeño pero más capaz. Pero no lo hacen. Probablemente no lo hacen porque es más rentable electoralmente prometer cargos, crear oficinas y ampliar nóminas. Esa es la forma tradicional de hacer política en Colombia: intercambiar burocracia por votos. Por eso la IA es, silenciosamente, el enemigo natural del clientelismo. Un Estado automatizado, transparente y eficiente deja muy pocos espacios para nombramientos políticos y contratos a dedo.

Mientras el mundo avanza hacia Estados que hacen más con menos, en Colombia seguimos atrapados en un modelo donde cada problema se resuelve inflando la estructura y aumentando el gasto. Y cuando el presupuesto ya no alcanza, la supuesta solución es siempre la misma: una nueva reforma tributaria.

Seguir operando con procedimientos del siglo pasado, cuando la tecnología del presente permitiría ahorrar tiempo, dinero y corrupción, no es solo un error administrativo. Es una contradicción constitucional, legal, económica y ética. El shutdown estadounidense demostró que la inteligencia artificial no es opcional: es un instrumento de supervivencia institucional.