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No son claras las fuentes de financiación del plan de desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En la estructura de financiación del Plan hay, por lo menos, tres fuentes que llaman la atención: la privada, la territorial y las regalías. Estos recursos, o son inciertos, o van contra la autonomía local.
De los $1.100 billones que vale el Plan durante los cuatro años, se estima que $363 billones (33%) serán financiados a través de inversión privada, probablemente alianzas público-privadas (APP). Estos recursos son inciertos. La experiencia que ha tenido el país con las APP muestra que hay dificultades intrínsecas para lograr los cierres financieros.
La segunda fuente son $115 billones (10,5%) que provienen de “los recursos propios de las entidades territoriales”. No se entiende por qué razón los gobiernos locales (municipios y departamentos) deben financiar proyectos del Gobierno Nacional. Esta pretensión es, por lo menos, ingenua. Supone que los proyectos y las inversiones locales son compatibles con el plan de desarrollo nacional. Esta apreciación es equivocada. Las prioridades de los gobiernos locales tienen muy poca relación con las del gobierno central. No hay ninguna razón para suponer que vayan a coincidir. Al incluir los recursos territoriales en el presupuesto se rompe la autonomía municipal. Los gobiernos locales no pueden renunciar a sus prioridades de inversión para complacer al gobierno nacional. Esta opción no es factible. Los alcaldes y los gobernadores presentan programas a sus electores que no responden necesariamente a las prioridades presidenciales.
Sería ideal que los proyectos de los municipios y de los departamentos coincidieran con los de la Nación. Y esto se podría lograr a través del presupuesto por programa, pero en las condiciones actuales no es posible. La planeación y la inversión de los municipios y los departamentos responde a lógicas diferentes de las del Gobierno Nacional. La elección popular de los alcaldes y gobernadores abre la posibilidad de que no haya convergencia entre los propósitos del desarrollo local y nacional. La armonización de los planes de desarrollo entre los niveles de gobierno requeriría un cambio institucional significativo. En el Plan se incluye, además, un monto de $57 billones (5%) que se origina en las empresas industriales y comerciales del Estado. Y para que no haya duda, se afirma que este monto incluye los recursos “de las empresas estatales de índole territorial”. El gobierno nacional no puede asignar, por encima de las autoridades locales, el uso de los excedentes de empresas como EPM, EEB o Emcali.
Y, finalmente, frente a los $33 billones de regalías (3%) es oportuno recordar que en los últimos años las instancias del Gobierno Nacional, como el DNP, no han logrado que en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) se definan proyectos estratégicos de corte regional. Mientras persistan los Ocad no es plausible que estos recursos se alinderen alrededor de los objetivos del Plan de Desarrollo.
Al sumar el 33% de los recursos privados, el 10,5% de los entes territoriales, sin incluir las empresas públicas locales, y el 3% de las regalías, el porcentaje sube a 46,5% del valor total del Plan. Los recursos privados son inciertos, y los de los entes territoriales van en contra de la autonomía local. Sin duda, ¡el Plan está desfinanciado!
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