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La segunda gran estrategia, o transformación, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, es la seguridad humana integra, que involucra la protección de la vida y con las seguridades alimentaria, jurídica, institucional, económica, ecológica y social.
La política pública tiene que enfrentar de manera adecuada la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, que son los elementos constitutivos del riesgo. La capacidad de acción del Estado es menor en el caso de las amenazas, y más directa cuando se trata de la vulnerabilidad. En esta relación se combinan las medidas de adaptación y mitigación.
La amenaza tiene su origen en factores covariantes o idiosincráticos. Desde una mirada integral al riesgo, éste se aplica a todas las formas de inseguridad humana. En el área social, existen factores covariantes (recesión, desempleo...), que actúan como amenazas contra las familias. Si estos fenómenos están acompañados de una amenaza natural (deslizamiento, inundación, tsunami...) y de un mal idiosincrático (enfermedad del perceptor principal), es muy factible que la calidad de vida de la familia se deteriore. En tales circunstancias los mecanismos de protección y de promoción social deben ser contracíclicos.
Para luchar contra el riesgo es necesario crear un orden institucional específico que, en palabras de Keynes, se expresa en convenciones. Uno de los agentes que participan en dicho orden institucional es el Estado. La política pública debe incorporar a las organizaciones y a los actores privados, porque el mejoramiento de la seguridad humana es una tarea colectiva. El orden institucional disminuye el riesgo si reduce la amenaza o/y la vulnerabilidad.
El análisis de la evolución de las estructuras de consumo es una forma adecuada de acercarse al examen del riesgo de los hogares. Como argumentó en 2010 la Comisión Sarkozy, integrada por Stiglitz, Sen y Fitoussi, el desarrollo de las capacidades es más factible, si la persona tiene los ingresos suficientes para adquirir los bienes que considera valiosos. Sin duda, la libertad positiva es un concepto complejo, pero es claro que si disminuye el peso de las necesidades básicas en la estructura de gasto, los hogares tienen mayor posibilidad de desarrollar aquellas actividades que les permiten vivir mejor.
En este ejercicio que lleva a ampliar el espacio de las capacidades interactúan las políticas nacional y local (municipal y departamental). La intervención pública puede contribuir a reducir el peso que tienen los bienes básicos en la estructura de consumo, de tal forma que los hogares tengan más disponibilidad de recursos para adquirir los bienes que consideran valiosos.
La evolución de las estructuras de gasto se puede examinar muy bien en Bogotá porque la ciudad ha realizado encuestas multipropósito en 2011, 2014, 2017 y 2021. En los 10 años del análisis, para el conjunto de los hogares, el gasto en vivienda aumentó, en precios constantes, 79%. Y su peso en el consumo total pasó de 23,4% a 32,02%. Además, la participación de los servicios públicos subió de 4,5% a 5,26%, y la de transporte disminuyó de 9,9% a 7,95%. Este mismo análisis hecho por deciles permite orientar la política pública de tal manera que el hogar del decil 1, el más pobre, tenga algún margen para adquirir los bienes que la familia considera valiosos. Este objetivo remedial se consigue mediante subsidios y gratuidad.
