Transparencia parlamentaria

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Por fortuna, no prosperaron las propuestas de la consulta anticorrupción, unas por redundantes y, otras, por carentes de sentido: reducir, por ejemplo, los salarios de los congresistas y altos funcionarios puede ser una política adecuada si partimos de la base de que son excesivos, pero no para inducirlos a que sean honorables. Si a menores ingresos correspondiera una también menor proclividad a la corrupción, la lógica conduce a que el servicio público, como en la Grecia de Pericles, tuviera que ser ad honorem.

Dicho esto, la masiva participación popular en aquel evento obliga al Gobierno a proponer iniciativas de amplio impacto, lo que bien podría ocurrir en el contexto de la segunda vuelta de la escuálida reforma política que cursa en el Congreso. Propongo, pues, establecer que el trámite de las reformas constitucionales y legales se realice mediante un documento electrónico, el cual daría lugar de inmediato a la apertura de un expediente de igual naturaleza al que se incorporarían las actuaciones propias del proceso. Ese expediente iría a la nube. De esta manera, todos los interesados en conocer el trabajo parlamentario podrían enterarse, en tiempo real, de las ponencias, los textos aprobados en comisiones y plenarias, las proposiciones que se presenten, las constancias, etc.

Este conocimiento, público e inmediato, haría que los integrantes de la sociedad civil pudieran saber oportunamente por dónde van los tiros y, a partir de ese conocimiento moverse en defensa de sus intereses. Esa modalidad de acceso facilitaría el trabajo de congresistas y funcionarios, y sería valiosísimo para la Corte Constitucional que hoy debe desplegar enormes esfuerzos verificando la veracidad e integridad de los expedientes que las cámaras les mandan, a fin de evitar que -seguramente de buena fe- le metan gato por liebre.

En la actualidad, y de ordinario de manera tardía, se publica la Gaceta del Congreso en Internet. Pero los documentos allí contenidos son meras imágenes, lo cual impide usar las herramientas propias del mundo virtual: motores de búsqueda y construcción de documentos derivados de esa fuente oficial inalterable (copy&paste). La opacidad resultante, y las posibilidades de fraude son enormes. Piensen en la crucial ley estatutaria de la JEP remitida hace poco por la Corte Constitucional al Congreso para que fuera ajustada y remitida a sanción presidencial. Si tuviéramos un expediente electrónico las discusiones recientes sobre el momento en que la ley fue recibida, la dependencia en la que se encontraba en hibernación, y la exactitud del texto que hizo el larguísimo viaje entre el Senado y la Cámara, no habrían ocurrido.

Los actuales secretarios de cámaras y comisiones deben ser unos santos: terminada la sesión o, peor aún, la legislatura, se llevan la ley en ciernes debajo del brazo. ¡Cuántas ofertas tentadoras no recibirán para que introduzcan o retiren un párrafo que altera el sentido de lo que vendrá a ser la voluntad de los representantes del pueblo soberano!

Una última ventaja de esta figura consiste en que nos daría certeza plena sobre la fecha de expedición de las leyes. Su texto definitivo, tomado de la Gaceta, se insertaría en el Diario Oficial que también sería electrónico. No más trucos para acelerar o retrasar la promulgación de las leyes y así facilitar o impedir ciertos negocios privados (turbios, sin duda) que dependen de esa fecha.

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