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La confesión de la orden de asesinar al legendario candidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado, por parte de uno de los ex integrantes de una de las guerrillas desmovilizadas en Colombia, causó un nuevo choque de trenes. Esa guerrilla obtuvo unos beneficios otorgados por el acuerdo de paz firmado con el anterior gobierno.
Ambas partes se acusan hoy de incumplimientos variados. Por el lado de esa guerrilla, hoy convertida en partido político, algunos de sus miembros relevantes se salieron del acuerdo y están en plan de reorganizar otro grupo insurgente. Unos están en Venezuela, otros en Colombia. Un gran incumplimiento del acuerdo ha sido la reparación de las víctimas.
El Consejo de Estado ha señalado a la nación como responsable, con indemnizaciones multimillonarias, por actos que muchas veces fueron perpetrados por las guerrillas. Esta semana se conoció que a la fecha hay un total de 2.397 demandas contra el Estado por hechos ocurridos durante el conflicto armado, o derivados de situaciones de orden público, y que las pretensiones de los demandantes ascienden a $7,8 billones de pesos. Existen muy pocos ejemplos en donde el Consejo de Estado no condene a la nación y todos perdemos en cada demanda.
Lo que desencadenó el nuevo choque de trenes, esta vez con descarrilamiento, es la rápida notificación de la Fiscalía al hacer un llamado a interrogatorio. Mucho mejor usar el término “entrevista preliminar” al ex miembro de la guerrilla, hoy congresista, que asegura haber dado la orden de asesinar a Gómez Hurtado.
Es deber del ente conocer de primera mano los detalles de la macabra confesión. ¿Es verdad o están encubriendo a alguien por sentirse cómodos ante penas suaves en la JEP? La gran hipótesis que el país debe aceptar o rechazar. ¿Si se está encubriendo a alguien, quien podría ser y que oscuros intereses tendría debajo de la mesa para lograr convencer a los ex guerrilleros de semejante mentira? Demasiada casualidad que días antes la ex senadora Piedad Córdoba “ambientó” el tema en radio diciendo que tenía la información de exactamente quién había asesinado a Gómez Hurtado. Venir a contar la película 25 años después, luego de un acuerdo de paz y con beneficios garantizados en la JEP genera muchas dudas.
Es razonable pensar que todas las posibles hipótesis son válidas en este momento. No hay unanimidad en los abogados de diferentes corrientes, con respecto a si el magnicidio fue parte, o no, del conflicto armado. Gómez Hurtado era un candidato presidencial y no estaba en un cargo público. ¿Es delito de lesa humanidad como el de Luis Carlos Galán? Yo diría que si por su impacto político. Ese hecho obligaría a cambiar condiciones ante la misma JEP y la curul en el Congreso. Lo bueno es que están comenzando a cambiar el discurso de negación y también aceptaron, hasta esta semana, que efectivamente reclutaron menores de edad.
Ojalá venga pronto la reparación de las víctimas, con todo el dinero y bienes que tienen afuera del país y a través de testaferros. Según un publicación de 2016 de la revista británica The Economist, la fortuna de esa extinta guerrilla alcanzó los 10 mil millones de dólares. Otro elemento ideal es que el actual Alto Comisionado para la Paz, se tome los días necesarios para leer, aunque sea una vez, el acuerdo firmado por el gobierno anterior. Opina y habla en medios con desconocimientos básicos de un documento que es inherente a su cargo, así al señor Ceballos no le guste.
