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En 2017 escribí en este mismo espacio sobre el conflicto entre Uber y el Estado colombiano. La compañía fue multada en ese momento. Seis años después las cosas han empeorado para esta compañía, otras similares y sus usuarios. La fuerza política del gremio de los taxistas ha logrado dilatar cualquier intento de regular o normalizar este mercado. La funcionaria del gobierno anterior Angela María Orozco, los tres ministros Natalia Abello, Germán Cardona y Jorge Rojas del gobierno de Juan Manuel Santos tampoco pudieron.
Todos los que han estado sentados al frente de ese despacho se mueren del susto por tomar decisiones. El ministro Guillermo Reyes del gobierno actual no es diferente.
Bogotá tiene la mayor congestión vehicular de la región y del planeta. Tenemos 17 millones de vehículos, de los cuales 6,7 millones son automóviles, camionetas y buses. La velocidad promedio en hora pico es de apenas 2 km/hora. La Alcaldía lleva pocos días con los cambios en el modelo del pico y placa. Una estrategia puesta en marcha por diferentes alcaldes hace más de 20 años para reducir tiempos. Claudia López ha sido criticada por no tener mejores alternativas Para enfrentar la crisis de movilidad. No olvidemos que en 2023 estaremos en plenas elecciones regionales donde la movilidad y la seguridad serán puntos centrales del debate.
La discusión no debe girar en torno a cómo distribuir el número de vehículos particulares que circulan por las calles en determinados días de la semana. Esa fórmula podemos decir está ampliamente probada que funciona marginalmente. ¿Cómo mejorar un problema de raíz en dónde existan verdaderas alternativas para que las personas puedan utilizar no sólo un sistema de transporte integrado y multimodal eficiente, sino también opciones de movilidad compartida?
El verdadero valor de la movilidad compartida a través de aplicaciones digitales se podría sentir si un día dejan de existir. Bogotá se vuelve inviable sin los aplicativos que funcionan hoy. La tecnología fue apropiada por decenas de miles de usuarios ante la limitada oferta de opciones. Es una herramienta efectiva para resolver nuestros problemas sin intermediarios.
La movilidad compartida también abarca otro de los grandes retos, y es cómo aumentar la ocupación promedio de los vehículos para satisfacer de mejor manera las necesidades de 8 millones de bogotanos. Si se duplica la ocupación promedio de los vehículos, por ejemplo, no solamente aumentaría la velocidad de manera significativa, también se generarían otros beneficios sociales indirectos. Muchas de estas empresas de aplicaciones móviles tienen entre sus planes ofrecer arrendamientos solo en vehículos eléctricos, un respiro al planeta.
Se necesita un marco regulatorio que permita a miles de personas seguir devengando en esta actividad y a los usuarios tener la posibilidad de elegir. ¿Por qué no garantizar condiciones que brinden seguridad jurídica para que un ecosistema en auge como este siga avanzando y ser un país referente en la región? Hay que brindarles a los ciudadanos ofertas diversas de servicios de movilidad no reducirlas. Colombia llega tarde a esta discusión que urge, donde debemos superar los debates superficiales y optar por regulaciones para el bienestar de los ciudadanos.
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