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Analistas 31/08/2012

Los dilemas de cerro Matoso

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Al nuevo ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo le va a tocar estrenarse con un “chicharrón” de la gigante multinacional BHP Billiton. La prórroga del contrato de explotación de Cerro Matoso está siendo investigada por la Contraloría, que recientemente se pronunció con un control de advertencia. El Gobierno tiene que tomar una decisión sobre los Contratos 866 de 1963, 1727 de 1971 y el polémico 051 de 1996, por medio del cual BHP Billiton obtuvo unos años más de explotación y condiciones más favorables. El último documento se lo debemos al ex ministro Alberto Villamizar (famoso por el “miti-miti”) y ha sido catalogado como “ilegal” y altamente cuestionado por expertos. Nadie ha podido explicar como el contrato resultó tan favorable para la empresa. La fecha de expiración es el próximo 30 de septiembre.

Villamizar no fue el único. Entre 2007 y 2008, Ingeominas “regaló” un terreno del Estado y firmó un acuerdo para explotación de hierro prácticamente gratis. La Procuraduría dictó pliego de cargos contra el ex gerente de Ingeominas, Mario Ballesteros, por irregularidades en el cobro de regalías de ese acuerdo. Por otra parte, y en cumplimiento del contrato de 1971, la compañía ha construido una escuela, un hospital, unas casas para obreros y carreteras. No obstante, en 1985 se modificó el contrato y Cerro Matoso descontó el valor de estas obras. Como aún debía un hospital, lo construyó en 2012, de baja complejidad, por un costo que una interventoría mostró que no era real. También hay cuestionamientos en el tema laboral y recientemente se descubrió un terreno “cedido” por la Aeronáutica, donde operaba Cerro Matoso sin pagar arriendo por 33 años. El director actual, Santiago Castro, inició el proceso de recuperación del terreno, mientras la compañía envió un comunicado explicando que operaba en el terreno bajo las condiciones legales y pactadas en el contrato. El ahorro por no pago de arriendo se estima preliminarmente en unos $300 mil millones.

El mayor cuestionamiento a la prórroga de condiciones “sembradas” en el Contrato 051 es el valor de la concesión, es decir, 1.25% de la utilidad después de impuestos. La cláusula 3 señala que vencidos los contratos 866 y 1727, hay 686 hectáreas que abarcan el 96% de las reservas de níquel del país, y quedarían incorporadas a las 52 mil hectáreas que tiene el contrato 051. Una simple regla de tres da un 0,18% de rentabilidad sobre el valor de los activos, lejos del famoso 3% de renta presuntiva sobre activos que cobra la Dian a todos los demás.

El anterior ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, dijo que el Estado sí va a prorrogar el contrato, siempre y cuando aumenten significativamente la inversión social y tengan un mejor programa de responsabilidad ambiental. Cárdenas se habría reunido en Toronto con BHP y les habría asegurado que el contrato se prorroga. Esto lo dan por hecho en Australia, la casa matriz. Lo que el nuevo ministro tiene que cuidar es una cláusula que incluiría una práctica que ha sido cuestionada por algunos senadores: la empresa descuenta un porcentaje de su inversión social de las regalías.

El actual presidente de Cerro Matoso, Ricardo Escobar, dijo en medios hace algunos días que ven la intervención de la Contraloría como “algo positivo” y que quieren que la prórroga tenga todos los soportes técnicos, jurídicos y económicos. Escobar acepta que se modifiquen las condiciones y dice estar abierto a mayor inversión social en su entorno. El Ministro y la Agencia Nacional Minera tienen ahora la tremenda responsabilidad de equilibrar las cargas y “balancear” algo que históricamente ha sido muy barato para la multinacional. Ojalá a Renjifo no le metan los goles que le intentaron meter los congresistas.

Ñapa: Hace pocas semanas lo dijimos en esta sección, se viene otro escándalo grande en la salud. La Nueva EPS y su vicepresidente Javier Agudelo Valencia, quien fuera mano derecha de Carlos Palacino en Saludcoop, serán protagonistas. La Contraloría lo ratificó el miércoles, al abrirle juicio de responsabilidad fiscal a Agudelo y a otros funcionarios, por supuesto detrimento de aproximadamente $200 mil millones. Esto huele muy mal.

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