Es un genocidio

El término “genocidio” se usó por primera vez en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. El abogado polaco Raphael Lemkin, sobreviviente del Holocausto, investigó sistemáticamente los crímenes masivos contra grupos humanos, especialmente el exterminio de los armenios por el Imperio otomano y el Holocausto nazi contra los judíos. El término tiene sus orígenes en la palabra griega genos, que quiere decir raza, pueblo o tribu, y el sufijo latino -cidio, que significa matar. Al unirlas, el concepto se traduce como “asesinato de un pueblo”.

Desarrollos posteriores a nivel internacional derivaron en el Artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, que contiene la definición aceptada internacionalmente del concepto. El texto es directo: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

La Convención enumera cinco actos específicos que constituyen genocidio cuando se cometen con esa intención: la matanza de miembros del grupo; la causación de daño físico o mental grave a sus miembros; el sometimiento del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física total o parcial; las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, y el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. Esta definición explícita y rigurosa es la base del concepto de genocidio en el derecho penal internacional, incluido el Estatuto de Roma, y es citada por expertos como el estándar jurídico global.

Además del Holocausto y el exterminio armenio, se considera genocidio el Holodomor, la hambruna política provocada por el régimen soviético en Ucrania, que causó alrededor de 5 millones de muertos. En el genocidio de Ruanda de 1994 murieron cerca de 800.000 personas, en su mayoría tutsis asesinados por milicias hutu. El régimen de Pol Pot en Camboya mató a cerca de 2 millones de personas por ejecuciones, hambre y trabajos forzados. Más atrás en la historia hay decenas de episodios que forman parte de debates jurídicos relevantes, como el proceso de colonización del Imperio español, que exterminó de manera drástica poblaciones indígenas en Suramérica, o las cruzadas impulsadas por la Iglesia católica.

Las decisiones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de su jefe, el presidente Gustavo Petro, encajan -en mi opinión- en la definición internacional de genocidio. Dejar de pagar en el sector salud, marchitar las EPS hasta quebrarlas, ordenar su liquidación sin considerar a los pacientes y destruir lo que ya funcionaba, generando caos y muertes por falta de medicamentos, constituyen asesinatos premeditados.

Por encima de la salud y la vida de las personas se impusieron decisiones políticas y de campaña, sin cálculos financieros adecuados. Se está matando gradualmente a los pacientes de alto costo. Ya existen casos documentados de colombianos que han muerto esperando sus tratamientos. Los responsables de estas muertes deberían rendir cuentas, eventualmente, ante la Corte Penal Internacional en La Haya.