La primera vez que oí “Caprecom” fue a muy corta edad en la casa de mis abuelos paternos. Mi abuelo Ernesto Peláez Moreno tuvo la oportunidad de trabajar como dibujante en Inravisión, entidad que lo afilió a Caprecom. Mi abuelo falleció en los años 90 y mi abuela Doña Justa Restrepo de Peláez, que fue afiliada como beneficiaria. Ella siguió recibiendo tratamientos y citas médicas, a pesar de los inconvenientes financieros y operativos que crecían continuamente. La EPS Caprecom, comenzó su proceso de liquidación en enero de 2016. Los usuarios, distribuidos en 552 municipios del país fueron trasladados a diferentes EPS.

Esta semana el Gobierno anunció, en el marco del acuerdo de punto final, el pago final de las deudas viejas de Caprecom. Como antecedente recordemos que el sistema de salud ha acumulado diferencias en cuentas reportadas por entidades responsables de los pagos. Las deudas entre EPS e IPS corresponden a servicios que se financian con la UPC y tecnologías que se financian con otros mecanismos. En el caso de las deudas por servicios y tecnologías financiadas con la UPC, al ser una prima de riesgo que se reconoce a priori a las EPS, son ellas quienes tienen la responsabilidad de pagar esas cuentas con su red de prestadores y proveedores de servicios de salud. En el caso de los servicios que se financian con otros mecanismos, los responsables de pago son la Nación, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Adres en el caso del régimen contributivo y las entidades territoriales en el caso del régimen subsidiado. Esta nueva fórmula viene funcionando mejor que el anteriormente desastroso Fosyga, con todas las malas prácticas posibles.

Dos funcionarios fueron los encargados de revisar la viabilidad jurídica y financiera. Diana Cárdenas viceministra de Protección Social y Juan Alberto Londoño viceministro de Hacienda, fueron los protagonistas detrás de cámaras. Los Ministros de Salud Juan Pablo Uribe y Alberto Carrasquilla de Hacienda sellaron finalmente el documento que fue presentado el martes en Medellín. En el corazón del acuerdo está un elemento importante: El saneamiento dispuesto en el régimen subsidiado depende de la colaboración armónica del Gobierno Nacional y las entidades territoriales.

A los gobernadores les conviene, pero depende mucho de buenas prácticas. En el largo plazo vendrá una centralización de la competencia del reconocimiento y pago de los servicios a partir de 2020. Es importante que haya una reglamentación para la cofinanciación de la Nación. Los actores del sistema deberán unificar criterios sobre los cuales las entidades territoriales puedan lograr el saneamiento definitivo del régimen subsidiado. Ya se ha avanzado en un decreto que será expedido por el Ministerio de Hacienda. El texto explicará detalles de cofinanciación para definir fuentes obligatorias para el saneamiento. Es importante resaltar que se incluirán incentivos a quienes hagan los pagos con recursos propios y a quienes hayan pagado más de 90% del valor reconocido.

La próxima semana el gobierno llevarán la explicación al Valle del Cauca el lunes, a Cundinamarca el martes, y posteriormente el 8 de agosto sigue la gira regional en Barranquilla. Finalmente se ve un proyecto en salud estructurado a largo plazo que no se logró materializar en los gobiernos de Santos ni de Uribe. Esperamos que verdaderamente sea un punto final del desangre financiero histórico.