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El episodio infernal de Freddy Arley Castellanos capturado recientemente por las autoridades, revive la contínua indignación de millones de padres de familia ante abusos y acosos sistemáticos de diferentes violadores que se disfrazan de docentes en instituciones educativas. El jardín infantil Canadá Sede F, escenario de los abusos, tuvo que cerrar sus puertas temporalmente por decisión de la regional Bogotá del Icbf.
Ahora avanza una investigación ya que se instauró denuncia penal ante la Fiscalía en donde se ve involucrada la Asociación Parque Canadá, quien es la operadora del servicio. La denuncia incluye delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y Castellanos fue indiciado por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hay más de 12 menores de edad involucrados como víctimas y Castellanos se declaró inocente.
La historia de terror comenzó cuando Castellanos realizó inicialmente unos reemplazos de docentes en la institución. De esa manera logró ganarse la confianza de la administración del jardín. Con el paso del tiempo, padres de familia comenzaron a denunciar que distintos menores señalaban actuaciones indebidas, disfrazadas de juego.
Algunas menores decían que Castellanos les tocaba los genitales y les daba besos en la boca. La directora del Icbf, Astrid Cáceres, ha dicho que la contratación de docentes tiene un protocolo de perfil psicológico que probablemente en este episodio no se realizó debido al fenómeno de los “reemplazos”. Al parecer Castellanos tenía una relación cercana con la directora del jardín, quien también está siendo investigada. Los denunciantes dicen que el presunto abusador fue protegido por el jardín inicialmente, pasando por encima de los derechos de los niños.
Las acciones de los padres de familia que comenzaron con denuncias y protestas se tornaron violentas. Algunos desataron su ira e indignación contra las instalaciones del jardín. Es entendible pues cualquiera reaccionaría muy parecido. La directora del Icbf en rueda de prensa invitó a la ciudadanía a “canalizar” su ira de formas no violentas y anunció medidas para los más de 70.000 centros educativos que operan.
La directora Cáceres debe renunciar de manera inmediata, no veo cómo se pueda sostener en el cargo ante la contundencia de los hechos. Todo el episodio les da la razón a los padres que en un comienzo no entendían cómo el jardín hacía todo lo posible por no investigar y proteger al presunto violador. Ella como directora de la institución de manera indirecta es responsable de todo lo que pasa en esos centros. No tiene otra salida que irse ya mismo.
A nivel legislativo seguramente revivirán los proyectos de ley sobre cadena perpetua para violadores de menores. A mi juicio eso es insuficiente. Si el indiciado Castellanos resulta responsable ante la justicia creo que aparecerán voces, como la mía, que pidan que se estudie la pena de muerte para violadores de menores. Una idea que puede resultar incómoda, impopular y probablemente inconstitucional dentro de nuestro marco regulatorio, pero es una idea que representa la indignación e ira de millones de padres de familia que no entienden cómo la sociedad permite que haya algún tipo de derechos para este tipo de monstruos.