El crimen paga y paga con votos

La reciente decisión del Gobierno nacional de suspender las órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín, de los cuales siete ya están en libertad, no es un gesto de paz; es un pago de favores, ajustado sospechosamente al calendario electoral. Es una de las formas de actuación propias de este Gobierno: a escondidas, cuando la opinión y la ciudadanía se encuentran distraídas en sus períodos de oración o de descanso, como a final de año, cuando expidió la emergencia económica para imponer más impuestos, en plena vacancia judicial, para dilatar la revisión de las cortes.

En la misma época de Semana Santa, hace un año, promulgó el arbitrario Decreto 0448, mediante el cual ordenó suspender, solo del lado de la Fuerza Pública, las operaciones contra las disidencias de alias Calarcá, so pretexto de permitir la ubicación de sus cabecillas para iniciar diálogos. No era un cese bilateral: era amarrarle las manos a nuestros militares y policías para otorgarles licencia a las disidencias de atacarlos y delinquir impunemente. Tan solo cuatro meses después, el 21 de agosto de 2024, este criminal ordenó derribar el helicóptero en Amalfi, hecho que desencadenó la muerte de 13 valerosos policías, motivó el desplazamiento de más de 2.000 personas en Briceño y, allí mismo, el pasado Viernes Santo, activó una motocicleta bomba en pleno parque principal.

El caso de Calarcá es la prueba reina del cinismo del Gobierno: un individuo que, mientras dialogaba, atacaba poblaciones, desplazaba, sembraba minas, derribaba helicópteros y persistía en la intención de reclutar niños, como los que se lograron rescatar en Caquetá la semana pasada. Si el Estado premia a quienes asesinan y amenazan, ¿qué incentivo queda para el ciudadano que cumple la ley?

Los principios fundacionales del Estado señalan que el monopolio legítimo de la fuerza reside en sus instituciones y en la garantía de una justicia que no negocia ni hace concesiones al crimen; por el contrario, lo enfrenta en función de la protección de la población. A escasas ocho semanas de que los ciudadanos acudan a las urnas, el mensaje que se envía desde el Gobierno es devastador: el crimen paga y paga con votos.

Con la suspensión de las órdenes de captura a los 23 cabecillas, desde la perspectiva de seguridad, el escenario que se avizora no será el de una confrontación inmediata, porque no les conviene. El acuerdo es tácito: mantener la violencia “quieta” para vender la ilusión de una paz urbana supuestamente exitosa. Lo que veremos será la puesta en escena de “tarimazos”, propaganda y populismo, financiados y organizados por estructuras criminales bajo el disfraz de “iniciativa popular”. El delincuente ya no necesita disparar cuando puede controlar el voto mediante el constreñimiento consentido y auspiciado por el Gobierno.

Las bandas, con sus cabecillas en libertad, con unidad de mando recobrada y presencia en los barrios, actuarán como operadores políticos locales. La relación es puramente transaccional: el grupo ilegal pone los votos y el Gobierno les otorga beneficios judiciales y “tolerancia” con sus rentas ilícitas. Es el “pacto” entre la necesidad de supervivencia política, la continuidad de las políticas de este Gobierno y más impunidad para el crimen.

¿Cómo explicarle a la opinión pública que se sigan suspendiendo las capturas cuando la fracasada Paz Total solo ha servido para el fortalecimiento del Clan del Golfo y las disidencias en todo el país? El antecedente de 2025, con el asesinato del candidato Miguel Uribe -atribuido a la Segunda Marquetalia, la misma a la que estuvo vinculado en sus inicios Calarcá-, debería ser suficiente para entender que estas estructuras no tienen voluntad de paz, sino de aumentar su capacidad armada para soportar la imposición política del comunismo y transformar el Estado como lo conocemos en un régimen socialista. No olvidemos que sigue en trámite la pérfida iniciativa de una asamblea constituyente de corte popular.

De eso no hay duda. ¿Por qué suspender la acción judicial contra 23 cabecillas del crimen organizado a dos meses de las elecciones?

En este escenario, la ciudadanía demanda de la Registraduría y la Defensoría, pero especialmente de las altas cortes, la revisión de legalidad de estas actuaciones, ponderando el bien superior del derecho a la vida y la seguridad de la ciudadanía, así como de los organismos internacionales de observación, la denuncia y vigilancia sobre el Valle de Aburrá. No se puede permitir que, en una región modelo como Antioquia y su capital, Medellín, se impongan feudos electorales del crimen con el beneplácito del Gobierno.