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Barcelona. Después de ocho intentos y varios días de llamar a un servicio de una plataforma sin resultados, llega un taxi tradicional casi 20 minutos tarde. ¿El servicio? 30% más caro que en Madrid. El taxista se excusa, invoca un contrato laboral y privilegia su sistema tradicional de llamadas. Mal servicio.
España. La Ley Raider, el proyecto más importante de Yolanda Díaz, ministra del Trabajo, ni logró que los casi 30.000 repartidores del sector tuvieran un contrato laboral con sus respectivas plataformas, y en solo cinco meses dejó sin empleo a 10.000 conductores o riders durante 2021. Mala decisión que destruyó empleos, afectó la innovación tecnológica y el derecho a la movilidad.
Reino Unido. La Corte Suprema de este país determina un sindicato para los trabajadores de las plataformas de movilidad. Desastre.
Colombia. Por una decisión de competencia económica, se expulsa a Uber de internet. La competencia económica vs. el derecho humano a Internet y a la movilidad.
México. Hace unos meses tomé un taxi del aeropuerto de Puerto Vallarta y me costó US$70 (al tipo de cambio). De regreso, el hotel me ofreció un taxi por US$120 y les pregunté si podía llamar a una plataforma de transporte. “Sí se puede, pero afuera de las instalaciones”. Con mis maletas cruzando los jardines, recibí la unidad a la entrada del hotel, que me cobró US$30 de regreso al aeropuerto. El viernes pasado, esperé hora y media en una fila de más de 100 personas en el aeropuerto de la Ciudad de México y ningún taxi oficial. Ninguna empresa disponible. Más de 500 personas esperando transporte oficial.
Estas imágenes de ciudadanos esperando, taxistas manifestándose y tomando vías públicas, tentativas de regulación laboral, resoluciones de competencia económica en contra del acceso a internet, del derecho a la movilidad y de los derechos del consumidor, se repiten insistentemente en Iberoamérica.
¿Son nuevos estos fenómenos? No. Donde hay tecnología y telecomunicaciones hay innovación y bienestar digital. Las cadenas de valor y modelos de negocios evolucionan, liberan mejores servicios y a mejor precio. Los viejos modelos de negocio, crujen y evolucionan: la música, la televisión, los libros, los sistemas de mensajería, la economía digital y ahora las plataformas de transporte.
Movilidad, servicios de telecomunicaciones e Internet, un derecho humano. El acceso a Internet es un derecho fundamental desde 2012, gracias a las Naciones Unidas. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Por eso, al usar Internet y una aplicación de transporte, habilitamos nuestro derecho a la movilidad y con ello, nuestros derechos de acceso a la educación, a la cultura, salud y seguridad, particularmente de mujeres, niños y trabajadoras.
¿Las autoridades defienden el derecho de la competencia económica y los derechos de los consumidores del servicio de taxi en ciudades y aeropuertos? No, y debería.
Defender a los taxis tradicionales, es defender a un oligopolio, un eufemismo que daña al ciudadano; una defensa pública a la corrupción, en contra de la competencia económica, el derecho de los consumidores, el derecho a Internet y de la habilitación de la movilidad en el mundo digital.
Ningún gobierno que penalice a las plataformas de transporte es innovador, ni quiere inclusión digital, ni le importan los derechos humanos ni la economía digital.
Estar conectado es la oportunidad más grande de nuestra civilización.
