Cláusula de escape de la regla fiscal: razones de la activación

Nadie puede negar que la economía ha entrado en una senda de recuperación con dificultades fiscales debido a presión en el gasto por deudas heredadas, recaudo no recibido por decisiones de la Corte al declarar inexequible la no deducibilidad de las regalías, el mayor pago por el déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, entre otras razones.

Además, el Congreso ha legislado y le ha impuesto mayor compromiso de gasto a la Nación, pero no identificó las debidas fuentes de ingresos, como es el deber ser. Estos nuevos gastos han terminado presionando el presupuesto y la caja, provocando mayor rigidez e inflexibilidad. Algunas estimaciones indican que las presiones de gasto por las nuevas leyes ascienden a $10 billones.

Es evidente que la mayor presión de gasto no ha sido por más burocracia, como sostienen algunas voces. Dicha presión obligó a presentar el presupuesto 2025 desfinanciado en $12 billones, aunque la ley de financiamiento radicada junto al presupuesto confirmaba que era posible conseguir el equilibrio a través alivios tributarios a las empresas y mayor recaudo en aquellas actividades que todavía no tributan plenamente, como los juegos de azar por plataformas. Esta novedosa combinación impositiva representaba un avance en justicia social, progresividad tributaria, cumplimiento de las recomendaciones de la Ocde y no ponía en riesgo la senda de crecimiento, ni imponía cargas a los menores ingresos, como sí lo pretendió hacer la reforma tributaria de 2021 que produjo el estallido social.

No obstante, la bancada de oposición en el Congreso se opuso, tanto al presupuesto como a la ley de financiamiento, y decidió no discutirlos, dejando a la Nación sin nuevos ingresos y presionando al Gobierno a tener que tomar decisiones sobre recortes presupuestales o aplazamientos de algunos gastos. Todas estas razones explican la situación fiscal actual, sumadas a la caída del recaudo producto del comportamiento del sector minero debido al desplome del precio internacional del carbón.

La imposibilidad de utilizar los impuestos para equilibrar el gasto, como reza la teoría de la hacienda pública, refleja un serio obstáculo para aplicar la política fiscal, la única política que tiene el Gobierno para cumplir su plan de desarrollo, ya que la política monetaria es del resorte del Banco de la República y corresponde al manejo de la tasa de interés, que durante los seis primeros meses de este año sólo ha bajado 25 puntos básicos, es decir, de 9,5% a 9,25%.

La presión en el gasto público y la imposibilidad de aplicar la política fiscal ha estresado el presupuesto y la caja de la Nación y ha llevado a que el déficit fiscal aumente de -4,2%, a -6,7% y -7,1% del PIB entre 2023 y 2025, respectivamente. Para 2026 y 2027 se estima que disminuya a -6,2% y -4,9% del PIB en el marco de los compromisos al activar la cláusula de escape de la regla fiscal, RF, que significa un desvío temporal 2025-2027 de la RF, no una suspensión de la misma.

Esta situación no parece ser novedosa, pues en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2021 realizado por el Gobierno anterior, se había previsto un escenario fiscal peor, por ejemplo, la deuda neta estimada era 67,6% y 66,9% para 2024 y 2025, claramente ocho y tres puntos por encima de la actual.

La activación de la cláusula de escape fue con el fin de evitar que la economía pierda su senda de recuperación y crecimiento. Este punto no lo comprende la ortodoxia económica, quienes ponen el acento exclusivamente en el tema fiscal, cuando la economía debe ser estudiada en integralidad. Esto demuestra que el debate económico lo quieren mantener monopolizado según conveniencia, unas veces en lo fiscal, otras en el crecimiento o desempleo, pero como estos dos últimos revelan buenos resultados se quedan sin argumentos. De hecho, el desempleo acaba de bajar en mayo registrando la menor tasa del siglo (9%) comparando dichos meses.