Sin escape

La regla fiscal es uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica en Colombia. Para asegurar su efectividad y relevancia, incluso en contextos de crisis, la Ley 2155 de 2021 incorporó una cláusula de escape que permite un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales ante eventos extraordinarios que puedan comprometer la estabilidad económica. Su activación requiere la aprobación del Confis, un concepto previo (no vinculante) del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, así como una senda clara para retornar a la disciplina fiscal.

Esta herramienta fue concebida como un recurso excepcional. Por ello, su única activación hasta la fecha se produjo en 2020, en medio de la pandemia del covid-19, cuando el país enfrentaba una crisis económica y social sin precedentes. En esa ocasión se dejó claro que era una medida temporal, acompañada de un compromiso firme de restablecer progresivamente el cumplimiento de las metas fiscales.

Hoy, el contexto en que se discute nuevamente la posibilidad de activar la cláusula es distinto. La situación fiscal es compleja y exige atención, pero no se deriva de un evento extraordinario. El aumento del déficit, la presión sobre el gasto y la caída en los ingresos obedecen a factores bien identificados y decisiones de política económica recientes. La reducción en el recaudo tributario, la baja ejecución en litigios fiscales y el aumento del gasto inflexible son desafíos relevantes, pero no corresponden a una emergencia inesperada.

En este contexto, la activación de la cláusula de escape plantea dudas desde el punto de vista técnico y podría generar interpretaciones equivocadas. El Gobierno aún cuenta con herramientas para encauzar la política fiscal: ajustes en el gasto, mejoras en la ejecución presupuestal, una priorización más eficiente de los recursos, entre otros. No estamos frente a un desastre natural ni a una pandemia, sino ante un escenario que requiere decisiones firmes y prudentes en materia fiscal.

Las consecuencias de una activación prematura de la cláusula podrían ser relevantes. En primer lugar, podría afectar la credibilidad institucional si se percibe que la regla fiscal se flexibiliza sin una causa de fuerza mayor. En segundo lugar, tomando como referencia episodios de incertidumbre recientes, estimaciones preliminares señalan que los bonos a 10 años podrían incrementar su tasa en 90 pbs.

Todo esto se acompañaría de un aumento en la percepción de riesgo (Embi), por encima de los 30 pbs, y un outlook más negativo por parte de las agencias calificadoras, con posibles reducciones de calificación crediticia y la pérdida de la última nota que aún nos mantiene en grado de inversión. En resumen, la economía enfrentaría mayores costos de financiamiento, volatilidad cambiaria y presiones sobre los mercados financieros.

Más allá de los efectos económicos, también importa el mensaje. Flexibilizar la regla fiscal sin un hecho extraordinario podría entenderse como un giro en los compromisos de estabilidad, justo cuando la prudencia fiscal es clave en el contexto global. Paradójicamente, activar la cláusula de escape dejaría a la economía colombiana sin escape de las consecuencias en materia de credibilidad fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por eso, hacemos un llamado a la reflexión. El Gobierno tiene los instrumentos para afrontar los retos fiscales sin activar la cláusula. Lo que se requiere hoy es una gestión responsable y coherente que refuerce la credibilidad del marco fiscal. La cláusula sigue siendo valiosa, pero debe reservarse para circunstancias verdaderamente excepcionales. Preservar esa lógica es clave para fortalecer la confianza en la conducción macroeconómica del país.