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Lo social de lo fiscal

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Un consejo para aplicar en esta época de debates, promesas y propuestas: cada vez que escuche a un candidato anunciar que más que duplicará los fondos para un programa social o que hará gratuito alguno de los más onerosos gastos familiares, desconfíe y asústese. Si millones de personas se comen ese cuento y el candidato efectivamente llega al poder, puede pasar una de dos cosas: o incumple sus promesas ante la cruda realidad fiscal del país, o – lo que es mucho peor – las cumple a costa del perfil de deuda y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.

El punto de partida de este análisis es un hecho incontrovertible: las posibilidades reales de aumentar el tamaño del Estado durante el próximo gobierno son muy pocas. Esta limitación viene dada por la casi imposibilidad de incrementar la carga tributaria y por las restricciones que crecientemente tendrá que afrontar el país en materia de financiamiento externo. En efecto, el espacio para que Colombia se fondee a un bajo costo en el mercado internacional es cada vez menor. De una parte, las condiciones excepcionales de liquidez en los mercados internacionales no se mantendrán hasta el 2022, sino que se irán recortando progresivamente. En segundo lugar, si Colombia aumenta su endeudamiento e incumple su regla fiscal, transita peligrosamente un camino de nuevas reducciones en la calificación de riesgo país, lo que a la postre significaría un menor apetito de los inversionistas por traer sus capitales a Colombia y una deuda consecuentemente más cara.

Un populista clásico podría afirmar que lo fiscal no es más importante que lo social, como si el arte de gobernar pasara por definir quién nos produce más simpatía: un grupo de inversionistas internacionales o la gente pobre de nuestro país. La administración pública es mucho más compleja que eso y tiene como principio el reconocimiento de los vasos comunicantes entre lo fiscal y lo social, entre la estabilidad macroeconómica y la derrota de la pobreza. En un país financieramente poco viable, el costo del capital es mucho mayor no solo para el Estado sino para todos los privados, lo cual limita el desarrollo de los negocios. Del mismo modo, un mayor gasto en el servicio de la deuda por cuenta de un debilitamiento en el perfil de riesgo suele venir de la mano de una menor inversión social en el futuro próximo, por lo que la expansión desmedida del gasto hoy no soluciona el problema de la pobreza, sino que lo redistribuye temporalmente. Por último, el desbalance en las cuentas del Estado viene siempre de la mano de tributos mayores e impredecibles, lo cual hace más difícil la planeación financiera y vuelve inviables muchos de los proyectos productivos. Todo lo anterior se traduce en una menor posibilidad de conseguir un empleo formal, lo cual ha comprobado ser uno de los vehículos más poderosos para la movilidad social.

En mi opinión, no hay política social más malsana que aquella insostenible en el tiempo y que ponga el riesgo la capacidad de crecimiento del sector privado. En este sentido, el Presidente que cuide el perfil de deuda de nuestro país, lejos de ser el malo de la película, es el que finalmente más piensa en los pobres. Por supuesto que se requiere un gasto social más efectivo que ayude a cerrar las profundas brechas de nuestra sociedad. Pero si la solución fuera simplemente gastar más y no gastar mejor, el mundo no estaría lleno de pésimos expresidentes.

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