El menos competitivo

El crecimiento de la actividad económica durante el tercer trimestre, cercano a 2%, superó al que en promedio mostraron los países de la Ocde (1,7%), lo cual es a todas luces un resultado positivo. No obstante, esta cifra, aunque refleja que el proceso de recuperación ha seguido avanzando, sigue siendo baja en comparación con los registros históricos. Esto debería llevarnos a reflexionar sobre la competitividad de nuestro aparato productivo y la estructura de nuestro sistema impositivo. Cabe recordar que, según el Tax Foundation, nuestro sistema tributario es considerado el menos competitivo entre los 38 países miembros de la Ocde.

Lo anterior se relaciona, entre otros factores, con la elevada tarifa del impuesto de renta para las empresas, que en Colombia se aproxima a 35%, sin incluir las sobretasas, mientras que el promedio en los países de la Ocde es de 24%.

La desproporción en el recaudo del impuesto de renta en Colombia, donde 80% proviene de las empresas y solo 20% de las personas naturales, aleja aún más al país de aquellos con estructuras tributarias más equilibradas. En los países más competitivos, que además registran mayores tasas de crecimiento, la contribución de las empresas no supera 25%, mientras que, en casos como Estados Unidos y Alemania, esta proporción es incluso inferior a 20%. Comparado con pares regionales como Uruguay y México, cabe destacar que en estos países las empresas aportan 42% y 29% del recaudo, respectivamente. Si bien Ley de Financiamiento que está siendo analizado en el Congreso de la República propone bajar la tarifa de renta empresarial, sigue siendo superior al promedio, manteniendo además las sobretasas sectoriales.

En este contexto, resulta fundamental llevar a cabo una revisión exhaustiva de la carga tributaria corporativa, incluyendo en el debate la importancia de los impuestos territoriales. Esto es especialmente relevante dado que las tarifas de algunos de estos impuestos han experimentado aumentos significativos, impulsados principalmente desde las ciudades capitales. Esta evaluación debe realizarse de manera integral, considerando no solo el principio de proporcionalidad, sino también su impacto en la capacidad de las empresas para operar y crecer. Es crucial encontrar un equilibrio entre una recaudación fiscal justa y la competitividad del tejido productivo.

Además, es indispensable revisar el sistema de retenciones del impuesto de renta que actualmente se aplica a las empresas, con el propósito de que el monto anticipado sea igual o cercano al que realmente se deba pagar. Cuando el anticipo del impuesto excede ampliamente la obligación final, se genera un impacto negativo en la capacidad de las empresas para operar y crecer, limitando su desarrollo y competitividad.

Sumado a lo anterior, es necesario reconsiderar el tratamiento fiscal de los Depósitos de Bajo Monto, utilizados principalmente por la Economía Popular. El manejo tributario de estos instrumentos debe ser coherente con su propósito y equiparable al de otros productos financieros de ahorro. Resulta inapropiado aplicar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) sobre el desembolso de créditos destinados a las poblaciones más vulnerables, ya que esta práctica contradice la finalidad de apoyar a quienes más lo necesitan.

El camino hacia una mayor competitividad tributaria es un desafío considerable, pero alcanzable. Para ello, es fundamental que las autoridades y el sector empresarial redoblen los esfuerzos para construir un sistema que promueva tanto el crecimiento como la equidad.