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La RSE en el sector público

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un término que ha tomado especial relevancia en los modelos de administración modernos, y no es para menos, ya que el cumplimiento de la ley y el actuar ético como principios a la hora de hacer negocios contribuye a ganar credibilidad, productividad, lealtad de los clientes, reconocimiento del mercado, calidad, entre otros.

Por este motivo, la RSE en cuanto busca fortalecer el crecimiento económico en paralelo con el bienestar social, no debe ser entendida como una carga de filantropía que debe asumir la empresa, pues lejos de eso, es una estrategia administrativa a favor de la Sostenibilidad Empresarial, que busca conseguir que su mercado sea un entorno con mayor estabilidad para que su negocio resulte ser más rentable.

Ahora bien, aunque este concepto nació como un perfeccionamiento de la empresa privada, a fin de hacerla parte directa en la solución de las problemáticas sociales en medio de su búsqueda por ser más competitiva, sostenible y rentable, se le debe exigir a determinadas entidades públicas que incluyan la RSE en sus modelos de administración.

Esta exigencia se fundamenta en que la RSE no se limita a un activismo social por parte de las organizaciones, como ya quedó expuesto; y también, en que no se debe dar por hecho que todas las entidades públicas, por ser justamente públicas, tienen como finalidad organizacional contribuir al bienestar social.

Para entender mejor esto, es necesario tener en mente que, dentro de la estructura del Estado, en el poder ejecutivo encontramos una distinción entre los órganos del sector central y del sector descentralizado. En el sector descentralizado están las entidades vinculadas, que son unidades de explotación económica, como las sociedades de economía mixta, empresas de servicios públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, razón por la cual tienen personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera.

Por esta razón, las entidades vinculadas del Estado, al igual que las demás organizaciones comerciales del mercado económico, tienen como fin último la obtención de utilidades. Esto quiere decir que su finalidad no es la concreción de los fines del Estado, ni el bienestar social, sino el desarrollo de una actividad económica particular con un claro ánimo de lucro, es decir, son organizaciones empresariales equiparables a las demás del mercado.

Por todo esto, a las entidades públicas que tienen como finalidad el desarrollo de una actividad económica con el objetivo y que perseguir lucro se les debe exigir que incluyan la RSE en sus modelos de administración por el doble beneficio social que representa en estos particulares: contribuir en medio del desarrollo de su actividad económica al bienestar social y conseguir mayor rentabilidad por medio de perfeccionar la Sostenibilidad Empresarial, lo cual también significa bienestar social porque en este caso las utilidades son recursos públicos.