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ANALISTAS 15/01/2026

El nuevo Seguro Social

Jerome Sanabria
Estudiante

Como lo expliqué en mi columna anterior, “Jaque mate pensional”, el Decreto 1485 marchitará para siempre a los fondos privados de pensiones y al seguro previsional. Pero más allá de eso, se trata de una verdadera estrategia del presidente para obligarnos a trasladarnos a Colpensiones.

Algunos dicen que este decreto elimina el “subsidio” que el Estado les daba a los fondos de pensiones. Falso. Nunca ha existido tal “subsidio”. Lo que existía desde 2015 era la obligación del Estado de asumir la responsabilidad por sus propias decisiones de carácter político. Es decir, cuando decidía incrementar el salario mínimo por encima de la productividad y la inflación -cuando lo hacía por una decisión política- debía cubrir ese excedente en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Para 2025, la productividad fue de 0,91% y la inflación de 5,1%, según el Dane. Esto significaba que el aumento del salario mínimo debía ser cercano al 6%. Sin embargo, el presidente Petro decidió, de forma irresponsable, incrementarlo en un 23%.

Bajo el decreto vigente desde 2015, la diferencia del 16% generada por esa decisión política debía asumirla el propio Gobierno. Esa responsabilidad era, precisamente, la única forma de evitar incrementos salariales populistas. Pero con el Decreto 1485, el Gobierno se desligó de esa obligación.

Y si se trata de una decisión política, ¿por qué razón los fondos privados o las aseguradoras tendrían que asumir esa diferencia? Peor aún, que es lo que nos debe importar a los afiliados, ¿por qué tenemos que cargar con ella?

Veamos un ejemplo. Un hombre de 62 años, afiliado a un fondo privado, que no tenía las semanas requeridas pero sí el capital para pensionarse en 2025: $360 millones. Con el nuevo decreto y el incremento del salario mínimo, su pensión mínima costará $560 millones, según Asofondos. Antes del decreto, se pensionaba. Hoy tendría que completar semanas o aportar $200 millones adicionales. Si no lo logra, solo tendría derecho a una devolución de saldos -bajo la Ley 100- o a una chichigua vitalicia si pasa la reforma pensional.

Pasó de estar prácticamente pensionado en su fondo a recibir una chichigua vitalicia pagada por Colpensiones.

Pensemos ahora en un afiliado que sí cumple edad, semanas y saldo. Con este decreto, el saldo deja de ser suficiente, pero como cumple los requisitos, igual se pensionará y el Fondo de Garantía cubrirá parte de su mesada. El problema aparece cuando ese Fondo se agote -lo hará más temprano que tarde- y Colpensiones pase a responder. El problema mayor llegará cuando la pirámide de Colpensiones quiebre, algo que se prevé para 2062: ¿quién pagará esa pensión?

¿Más pasivo pensional?

Pensemos también en un afiliado con un ahorro muy alto, producto de buenos salarios y rendimientos. Si tenía, por ejemplo, $1.400 millones al cumplir la edad, podía aspirar a una pensión de cuatro salarios mínimos. Hoy, con ese mismo ahorro, recibiría apenas 2,4 salarios mínimos. Su mesada se reduce de forma drástica.

Todo esto sin mencionar que el decreto provocará que todas las pensiones queden sin seguro por invalidez y muerte, y que a la larga sea Colpensiones (o el Seguro Social 2.0) quien tenga que cubrirlas. ¿Con qué plata? Adivinen…

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