El hurto de celulares: responsabilidad conjunta

Los teléfonos móviles son la innovación de más rápida difusión en la historia de la humanidad y se han convertido en el dispositivo de comunicación más utilizado en el ámbito mundial, en todos los niveles sociales y estratos socioeconómicos. Su uso ha puesto en segundo plano a formas tradicionales de comunicación como la telefonía fija y han contribuido de manera insospechada a conectar a millones de personas, quienes hace tan solo una década carecían de un medio de contacto con amigos, familiares y allegados que estuvieran más allá de su entorno inmediato.

En Latinoamérica, la penetración del servicio de telefonía móvil aumenta a diario gracias a los esfuerzos de los operadores y a la reducción de precios de los teléfonos móviles, algo inherente a cualquier producto electrónico de consumo. Paradójicamente, aunque el precio de los dispositivos baje a niveles que permiten el acceso a personas que se encuentran en lo que los economistas llamarían “la base de la pirámide”, muchos teléfonos móviles son objeto de robo y posterior distribución en mercados informales. El robo de teléfonos móviles es una historia común entre los habitantes de todos los países de Latinoamérica. Las estadísticas indican que solo en 2011, en Colombia fueron hurtados más de un millón y medio de celulares, los cuales son comercializados tanto local como internacionalmente y en muchos casos son simplemente despiezados y vendidos por partes como repuestos, de la misma manera que es conocido que sucede con los automóviles.

A diferencia de otros servicios de telecomunicaciones como la televisión analógica o la radio, donde la información se transmite de una manera abierta y donde los dispositivos de recepción (televisores, radios, etc) son elementos genéricos, en el caso de los teléfonos móviles y los decodificadores para televisión por subscripción, cada uno de ellos posee un número de identificación único que se utiliza para registrarse en la red de los operadores. La existencia de este número serial único para cada teléfono móvil, permite la implementación de un sistema de control en los operadores móviles, donde por medio de bases de datos, se puede bloquear el uso de aparatos que hayan sido reportados como robados por sus dueños. Desafortunadamente estas bases de datos no son unificadas a nivel internacional y por tanto queda abierta la posibilidad de exportar los teléfonos robados a otros países donde pueden operar libremente. En respuesta a este problema, en países como Colombia, se ha reglamentado la implementación de una base de datos llamada ‘positiva’, en la que los operadores móviles deben registrar la información de los teléfonos obtenidos legalmente dentro del país.

Al igual que con los repuestos para automóviles, la dinámica del crimen también tiene un eslabón “ciudadano” determinado por la forma en que muchos fomentan la cadena de criminalidad con la compra de teléfonos móviles o cualquier artículo de dudosa procedencia que es adquirido como una “ganga” en el mercado negro. En el negocio del robo de celulares, no solo se beneficia el delincuente, también hay otro actor, cuya corresponsabilidad en los crímenes es indirecta, pero que constituye la principal motivación para la comisión de estos delitos, ya que sin su rol no existiría demanda: el ciudadano que compra artículos robados. Es triste reconocer que debido a factores socioeconómicos, e incluso culturales, acompañados de la indiferencia de quienes son víctimas diarias de estos delitos, estos consumidores de productos ilícitamente obtenidos, continúan sin comprender el papel que juegan en la cadena del crimen cuando compra un celular a un precio mucho más bajo de lo que podría conseguir en un comercial o tienda autorizada.

Como sucede con muchos de los problemas endémicos de nuestra sociedad, como lo es el consumo o tráfico de drogas, la implantación de leyes y normas que castiguen un acto delictivo, debe estar acompañada de una labor educativa sustentada en campañas de concientización ciudadana. En el caso del robo de celulares, es necesario que aparte de los esfuerzos del Estado para prevenir el delito, todos los participantes de la industria inviertan esfuerzo, recursos y dinero en educar al consumidor para que no compre productos de “dudosa procedencia”, lo cual es mas fácil decirlo que hacerlo, ya que desafortunadamente la experiencia demuestra que por unos cuantos pesos de diferencia, muchos de los consumidores se hacen los de la “vista gorda” con respecto al origen, términos de garantía y  legalidad de importación de los productos.