Capitalismo chino 2.0

Hace un par de semanas los mercados mundiales, especialmente aquellos donde se hacen operaciones con criptomonedas, se pusieron en alerta al conocerse el anuncio del Banco Central de China en el que se declaran ilegales las transacciones financieras hechas con divisas digitales. Esta fuerte medida regulatoria del gobierno chino es la más reciente de una serie de restricciones que ha venido imponiendo al sector financiero y de tecnología por los últimos seis meses.

La explicación para esta última medida está fundamentada en una estrategia para proteger la propiedad de los ciudadanos, la cual estaría en peligro de acuerdo con las autoridades del gigante asiático. No solo a las personas jurídicas afectarán estas medidas de China contra las criptomonedas, sino que los individuos que participen en procesos de lavado de dinero a través de bitcoin u otras divisas digitales también se exponen a severos castigos.
Como es costumbre en China, este tipo de prohibiciones repentinas vienen acompañadas de advertencias para aquellas personas que no respeten la reglamentación con medidas restrictivas y punitivas de carácter penal.

Uno de los sectores más afectados por la nueva política es el de la minería, no la tradicional de metales preciosos o combustibles fósiles, sino la de las criptomonedas. Esta postura de China contra la minería de divisas digitales arrancó en el pasado mes de marzo de 2021, coincidiendo paradójicamente con el lanzamiento del yuan digital, la criptomoneda controlada por el Banco Popular de China, cuando se anunciaron planes para prohibir estas actividades, con el argumento de reducir el consumo de energía.

Esta excusa tiene un sustento racional si consideramos que la minería de bitcoin consume en promedio más de 120 teravatios/hora y en China se realiza alrededor de 65% de esta actividad, siendo la región de Mongolia Interior, gracias a sus bajos precios energéticos, el lugar del mundo donde se concentra 8% de la minería de bitcoin en todo el mundo.

Es lógico pensar que el gobierno chino y en particular el partido comunista, implementen de vez en cuando este tipo de medidas restrictivas como un mecanismo de protección de su poder, desviándose del histórico “laissez faire” de las últimas dos décadas que ha permitido a empresas tecnológicas como Tencent, Alibaba, DiDi y otras más, crecer y expandirse a nivel global. A diferencia de lo que ha pasado en ocasiones anteriores, la presión regulatoria hasta el momento nunca vista en el gigante asiático hacia empresas fundadas en China por nacionales de ese país es algo novedoso, considerando que las compañías extranjeras ya estaban de por sí sujetas a una complicada regulación y complejos requisitos para operar.

Era de esperarse que luego de muchos años de dejar prosperar un capitalismo controlado, las autoridades regulatorias del gobierno chino pusieran un alto a compañías que mostraran tasas de crecimiento elevadas en sectores como el educativo y el financiero, particularmente cuando estas pudieran adquirir un poder monopolístico capaz de controlar su industria.

Las actuaciones del gobierno chino han provocado que los inversionistas internacionales, ampliamente afectados luego de sufrir pérdidas millonarias en compañías que han visto su cotización desplomarse prácticamente de la noche a la mañana y de manera completamente impredecible en múltiples sectores, se empiecen a plantear invertir en ese país en el corto plazo.
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