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El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, ha tenido que afrontar la crítica de algunos sectores de la opinión y de contradictores con alto contenido en posiciones políticas, quienes le han querido pasar factura por decisiones y avances de algunas investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
El fiscal, quien al parecer debería adoptar una recia línea conservadora, por su formación profesional como abogado, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, y su aparente ideología política asociada al Centro Democrático, pues es de público conocimiento su amistad y apoyo al presidente Duque, de quien fue Alto Consejero para los Derechos Humanos; empieza a generar reflexiones por sus posiciones, las cuales distan bastante de la que sería su orilla ideológica.
En la comisión primera de la Cámara de Representantes, el fiscal anunció que no respaldaba la cadena perpetua para violadores de niños, una iniciativa en la que han concurrido con su respaldo varios sectores políticos además del Gobierno Nacional, dejó claro que en su opinión “mientras se han aumentado las penas de forma masiva en Colombia, se ha reducido la aplicación de las condenas a unos niveles ínfimos”, y pidió considerar si la prisión perpetua tiene una relación directa con la prevención del delito, su reincidencia y los niveles de efectividad de la pena que para la violencia sexual contra menores están en 5% de las denuncias presentadas.
En la subcomisión del proyecto de ley de seguridad ciudadana que había sido radicado por el anterior fiscal y que estaba para tercer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes, el fiscal Barbosa retiró el respaldo a esta propuesta; adujo no estar de acuerdo con facultades que traía el proyecto de ley para la Fiscalía General de la Nación.
En efecto, el proyecto autorizaba que la Fiscalía solicitara el bloqueo preventivo de los dominios de internet; solicitara revisión cuando un juez negara la imposición de medida de aseguramiento con privación de la libertad; autorizaba se emitiera concepto sobre el lugar de reclusión del investigado y se solicitara medida de aseguramiento privativa de la libertad, aun cuando el investigado en otro proceso tuviera ya aplicada esta medida; además, la Fiscalía tendría que investigar el ingreso de celulares a las cárceles, función propia del Inpec.
El fiscal Barbosa recientemente, emitió la directiva 0001 por medio de la cual se establecen lineamientos generales respecto a la solicitud de medidas de aseguramiento, en la cual deja absolutamente claro, que la libertad personal de los ciudadanos es la regla, su limitación -sin arbitrariedades y dentro del marco de lo razonable y proporcionado- es la excepción.
Las directrices allí establecidas son de aplicación inmediata para los 23.000 funcionarios de la Fiscalía. Esta directiva se basa en la libertad como derecho fundamental, y resalta la excepcionalidad de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, conforme los parámetros constitucionales y legales, y a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para evitar que las críticas terminen haciendo mella en el público, lo primero que debe hacer el fiscal es analizar la forma en que transmite a la opinión, y enmendar de ser necesario.
