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Salud: logros y pendientes

Latinoamérica, y con ella Colombia, ha sido escenario de transformaciones sociales desde la posguerra: la urbanización, el alfabetismo, el avance relativo de la mujer y la ampliación de la protección social. En servicios de salud, el país vivió saltos en la última mitad del siglo veinte con la puesta en funcionamiento del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y la aplicación de la Ley 100. La cobertura de los asegurados hoy es universal. Sin embargo, es preocupante la situación económica del sector y el hecho de que la percepción de calidad por los usuarios es mala.

El proceso no ha sido fácil por la precariedad institucional de lo público. Nunca hay claridad sobre el alcance de los derechos de los usuarios del plan obligatorio de salud porque la interpretación de los jueces puede modificar criterios sobre qué se protege, con el argumento de que se trata de defender derechos fundamentales. Hay otras razones, sin embargo, para que los requerimientos desborden la capacidad física y financiera del sistema. Entre ellas se destacan el error por optimismo en los pronósticos originales de participación de trabajadores del sector formal y sus vinculados en el total de los usuarios, los abusos de los proveedores del sistema y el incumplimiento sistemático del propósito para el cual existen las Entidades Promotoras de Salud, cuyo papel era decisivo en los procesos diseñados por la Ley.
La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son el cimiento de la cadena. Contra su práctica conspiran las reglas sobre asignación de recursos, que no se orientan a incentivar la prevención, la fragmentación de la información, pues no siempre hay acceso a todo lo relevante de la historia clínica, y las debilidades del diseño de procesos públicos en general para reducir la corrupción y mejorar la calidad de la gestión.

Las EPS se orientaron, en general, a cobrar y recaudar en un papel intermediario, sin adecuado control de la pertinencia de las decisiones de los médicos. La tarea de actualizar los conocimientos de los especialistas se delegó en los laboratorios en proporción no despreciable. No se construyó la capacidad para procesar información, por lo cual ella no se aprovecha como se debería para anticipar eventos adversos. No se entendió la importancia de robustecer la prestación del servicio en el nivel básico para mantener la salud y, con ella, la productividad de la población. No se instauró cambio en el sistema educativo para impulsar el cuidado del cuerpo y el cultivo de prácticas sanas.

El ministro Alejandro Gaviria fracasó en el intento de controlar los abusos en el precio de medicamentos: los proveedores contrarrestaron la reducción en utilidades mediante mayores esfuerzos de marketing con los que elevaron el consumo de los productos con límites de precio. Vienen nuevos retos: hay que integrar la información pertinente y así ponerla a disposición de médicos e Instituciones Prestadoras del Servicio en toda interacción entre usuario y sistema. Además, la posibilidad de vincular a las autoridades locales en los procesos de promoción y prevención ofrece posibilidades enormes. Hay que avanzar rápido en ambos frentes, porque la Ley Estatutaria, formulada fuera del Ministerio en busca de votos, abrió espacios para cubrir riesgos adicionales, con peligro para la estabilidad económica del sistema. Los candidatos dirán…