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Salario mínimo

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El salario mínimo es, en principio, parte de la malla de protección social que la institucionalidad pública puede ofrecer a la sociedad para reducir la desigualdad, estimular el esfuerzo y mitigar los efectos nocivos de la asimetría entre partes; complementa, pues, los servicios públicos de salud y educación, y el límite a la tasa de interés. En otras épocas era mecanismo para contrarrestar el poder determinante del capital en su relación con el trabajo, pero la integración de la economía mundial redujo su efectividad en ese capítulo, porque el beneficio que ofrecen bienes o servicios a quienes los requieren se puede obtener con fuentes de otros países. Además el aumento del salario mínimo en términos reales, es decir, por encima de la inflación, podría ser contraproducente si la informalidad laboral es elevada, como ocurre en numerosos países de Latinoamérica. En Colombia es la condición de casi la mitad de la población económicamente activa, lo cual hace difícil financiar los servicios de salud porque muchos beneficiarios con ingresos producto de su trabajo no hacen el aporte que les correspondería. Es clara, pues, la necesidad de formalización, pero es preciso abaratarla.

El salario mínimo tiene un papel simbólico. Por ello conviene elevarlo por encima de la inflación del año anterior desde la perspectiva política. Sin embargo, la cautela es buena consejera: el único respaldo sostenible para aumentar salarios reales, incluido el mínimo, es el aumento de la productividad, expresada como valor agregado del sistema económico por hora trabajada. La economía colombiana podría tener aumentos en el ingreso anual a tasas mucho mayores que las de los últimos lustros, lo que desembocaría en mejores salarios, sobre todo en la base de la pirámide, y menos desigualdad. El reto en la gestión pública y la privada es identificar estrategias efectivas, procesos eficientes y estructuras eficaces. Requiere revisar la institucionalidad pública, para que su sistema de información y su organización sean apoyo para desempeño acertado desde las perspectivas ética, social, económica y ambiental. Revisar propósitos y herramientas debe ser permanente, porque los cambios sociales y tecnológicos obligan a toda comunidad a evolucionar, y afinar, transformar o redefinir sus ámbitos de actividad económica, en la inexorable danza que el profesor J. A. Schumpeter denominó destrucción creativa hace más de ochenta años. Las mejoras en productividad tienden a desembocar en moneda más fuerte, y por ende en menos competitividad en productos de escasa diferenciación, en los cuales el costo de mano de obra y materiales expresado en divisas es determinante.

Es evidente la urgencia de reformar las instituciones políticas de Colombia de manera integral para mejorar las condiciones de toda la población. Además, la visión amplia del asunto lleva a concluir que se debe incorporar en el diseño la posibilidad de que se sumen Ecuador, Venezuela y Perú, en esquema federal con base en el respeto por derechos fundamentales y el propósito de construir el Estado Social de Derecho. Los principales beneficios, y en particular la posibilidad de mejorar la remuneración, dineraria y no dineraria, solo se podrán repartir cuando se cosechen, pero la buena gestión pública producto de mejor diseño institucional será conveniente desde el principio mismo del proceso para lograrlo.

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