Proteger el ambiente

Proteger el ambiente es tarea crítica: de ella depende la preservación de una relativa estabilidad de circunstancias para la especie. El asunto cobró gran importancia durante el siglo 20, porque la población se cuadruplicó y el ingreso por habitante se multiplicó por seis; la consecuencia fue aumento del uso de recursos por persona.

En años recientes la población se ha estancado, pero hay gran diferencia: en los países pobres el consumo es mucho menor que en los desarrollados y, por ende, su impacto en el ambiente es muy inferior, pero sus habitantes aspiran a ingreso mucho mayor.

No hay equilibrio estable en el universo al que pertenece nuestro sistema solar, pero no por eso se debe subestimar los riesgos por cambios en las condiciones ambientales debidos a imprevisión.

Colombia tiene responsabilidad en la protección de biodiversidad: alberga una enorme cantidad de especies vegetales y animales. La biodiversidad mantiene la capacidad de la biósfera, o ámbito de la vida, para mantenerse y regularse dentro de cierto rango, para beneficio de todos, y en especial de nosotros, la especie dominante. Los procesos para preservar y regular la biósfera se retroalimentan: perturbar uno de los dos deteriora el otro, y viceversa.

El interés institucional en el asunto comenzó en Colombia durante el gobierno de C. Lleras R, con la creación del Inderena, entidad a cargo de regular, administrar y proteger los recursos naturales. En 1974 el gobierno de A. López M. expidió el Decreto Ley 2811, el primer código sobre el asunto, y en 1993 se expidió la Ley 99, que creó el Ministerio del Medio Ambiente.

La norma exige examen: se descentralizó el asunto según la geografía política, sin correspondencia con la geografía ambiental. Además, para la administración del asunto se establecieron corporaciones autónomas, una por departamento, que se adicionaron a la del Río Magdalena, de origen constitucional, y a las corporaciones existentes, transformadas para dedicarse al asunto ambiental; se les sustrajo el papel en la gestión de cuencas como elemento importante para la agricultura y la generación de electricidad.

Llama la atención el deficiente diseño de gobierno corporativo: la participación de algunos alcaldes, elegidos por el conjunto, y de voceros de minorías étnicas, les da tinte político a los consejos directivos, lo que hace difícil la gestión y, sobre todo, el logro efectivo de objetivos.

En 2011 se creó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para autorizar proyectos de cierta envergadura. Así se redujo el riesgo de decisiones con impacto ambiental importante en entidades sin capacidad técnica y organización adecuadas. La Anla tampoco tiene gobierno corporativo adecuado: el presidente nombra a su director, con el consabido tinte político para la decisión.

La conciencia ambiental del país ha evolucionado a lo largo de los años, pero todavía falta eficacia para prevenir, corregir y sancionar.

El gobierno de G. Petro frenó de tajo el aprovechamiento de las reservas de crudo en Colombia mientras todavía tienen valor en el mercado internacional, pese a que el país no es relevante en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera por la humanidad. La paradoja es que no hizo nada para impulsar correcciones en la institucionalidad ambiental. Ojalá quien acceda a la presidencia impulse solución a los problemas expuestos.