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La historia del petróleo en Colombia comenzó con la adjudicación de la concesión de Mares en 1905, en el gobierno de Rafael Reyes, en medio de una seria crisis fiscal. Tras muchas vicisitudes, los inversionistas cedieron sus derechos a la Tropical Oil Company, filial de Standard Oil, en 1919, y ella ejecutó las tareas de exploración y producción en Barrancabermeja hasta 1951, cuando la concesión expiró y se le entregó la operación a Ecopetrol, empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional.
La concesión Barco, adjudicada en forma simultánea en Norte de Santander solo inició producción en 1939, y se entregó a Ecopetrol en 1955. Después hubo desarrollos de alguna importancia a cargo de Texaco en Orito, Putumayo; de Occidental Petroleum, en Caño Limón, Arauca; y de British Petroleum en Cusiana, Cupiagua; y Volcanera, Casanare, pero la producción atendía en términos generales el consumo del país.
La concentración de las tareas de exploración, producción, mercadeo y refinación en una sola empresa pública, Ecopetrol, inhibió el desarrollo de muchas oportunidades hasta la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2003, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Esta entidad se encargó de adjudicar mediante procesos competitivos los derechos para explorar y producir en áreas identificadas de manera estratégica.
La producción creció de manera sostenida hasta llegar al millón de barriles por día en 2013, y los precios estuvieron en el orden de los US$100 por barril desde 2010 hasta finales de 2014. Como consecuencia, el país produce casi el doble de su consumo, y el petróleo se ha convertido en su principal producto de exportación: en 2019 fue más o menos la mitad.
El aumento en la producción de petróleo abrió espacios para la inversión pública con uso acertado de las regalías, pero también creó nuevos incentivos para la corrupción. Encontró territorio fértil en municipios beneficiarios de participaciones enormes por el hecho de que el hidrocarburo se extraiga dentro de sus linderos o pase por él para llegar a su destino.
Es cierto que la operación petrolera perturba lo que habría sido la normal vida cotidiana de la comunidad, pero también es pertinente considerar la definición constitucional de que el subsuelo es propiedad de la Nación, y que la desigualdad interdepartamental es enorme: Casanare tiene casi seis veces el ingreso per cápita de Chocó, y solo 8 de 32 departamentos exceden el promedio nacional.
El país no ha establecido los mecanismos adecuados para evitar que el fortalecimiento de la tasa de cambio derivado del petróleo y el carbón, recursos de naturaleza transitoria, frene el aprovechamiento de las ventajas comparativas relativas de las ciudades región, con la correspondiente consecuencia negativa en la construcción de conocimiento.
Para evitar la maldición de riquezas inmerecidas se requiere eficiencia en el gasto público, de manera que los servicios a cargo del Estado se presten de forma adecuada y haya excedentes para invertir en otros países: así se evita la sobrevaloración del peso para actividades productivas y de servicios no dependientes del petróleo.
Todo esto implica revisar el alcance de las tareas a cargo de lo público y los procesos y estructura para su ejecución: el subsuelo puede ser fuente de bienestar para un país solo si el receptor de la contraprestación es idóneo para la tarea.
