Liviandad fiscal

El país enfrenta al tiempo desigualdad y estrechez fiscal. Sorprende, sin embargo, aducir esta realidad, frecuente en Latinoamérica por cuenta de pésimos sistemas políticos, para presentar propuesta de reforma tributaria sin hacer tarea completa. Colombia tiene potencial de crecimiento por encima de 8% por año durante un lustro según estima Fedesarrollo, si se abordan en forma armónica múltiples reformas: comercial, con supresión de protecciones no arancelarias; tributaria, con eliminación de beneficios a sectores privilegiados y simplificación radical; laboral, para favorecer la formalización del trabajo, y pensional, para suprimir los subsidios a pensiones altas en el régimen de prima media que administra Colpensiones y subir la edad de jubilación a siquiera 65 años hacia el futuro, dado que la expectativa de vida probablemente excederá 80 años relativamente pronto.

La reforma más importante, del sistema político, es compleja pero esencial. Debe partir de revisar la formación del legislador, quien establece las reglas de las instituciones públicas, para lograr calidad adecuada en la tarea más importante del Estado. El índice desarrollado por el PRS Group, entidad orientada a evaluar riesgo de países, ubica a Colombia muy mal en calidad de instituciones públicas. Fedesarrollo usa este indicador para su modelo, el cual concluye que si se lograra la calificación de Ecuador, el PIB crecería 1,25% puntos más por año.

La propuesta gubernamental no revisa eficacia de usos ni ataca causas de la corrupción; solo busca recursos para hacer más gasto público sin asegurar la sostenibilidad del esquema. Tiene elementos positivos, como la reducción de privilegios, pero establece nuevos privilegios y complejidades. Además crea impuestos adicionales sobre ciertas exportaciones, lo cual podría reducir el comercio internacional, dado que el costo del petróleo colombiano es elevado, y grava de manera desmedida dividendos y ganancias ocasionales, con perjuicio para las pensiones por la doble tributación, e impulso a la opacidad.

Además restablece el impuesto al patrimonio, fruto de haber ahorrado en vez de consumido; cabe recordar que el registro del patrimonio debe reflejar la estimación de ingresos futuros derivados de su utilización adecuada, que serán gravados en su momento. Lo acertado es gravar la renta de personas naturales a tasa creciente en función del monto hasta límites razonables para montos importantes, y la de sociedades a tasa competitiva en el ámbito internacional.

El esquema proteccionista anunciado induciría asignación ineficiente de recursos, lo cual pondría techo bajo al crecimiento e inhibiría la valorización del trabajo, deseable desde el punto de vista social. En contraste, hacer reformas que engranen en forma adecuada, el crecimiento aumentaría el valor del trabajo más que la remuneración al capital, el desempleo y la informalidad se reducirían, y se facilitaría el apoyo a los segmentos más vulnerables de la población. Esta orientación produciría más equidad, mejores servicios de educación y salud, y más seguridad, con justicia efectiva, menos corrupción y tasas de homicidio mucho menores. Revisar procesos con método educaría a toda la sociedad y desembocaría en una Carta que preservara los propósitos de la actual pero mucho más sencilla, con consistencia entre objetivos y resultados, base para construir un futuro mejor.