La misión de empleo

El gobierno nacional divulgó el informe de la Misión de Empleo, promovida por el Ministerio del Trabajo y Planeación Nacional, con participación de connotados expertos internacionales. El asunto es importante: el desempleo formal excedía 10% y la informalidad era cercana a 50% antes de la crisis ocasionada por el covid 19. Las normas laborales pueden vulnerar a quienes no tienen acceso a la economía formal. El marco laboral nacional, fruto de la adopción bajo López Pumarejo de esquemas vigentes en otros países de Latinoamérica, se compiló bajo Ospina Pérez en 1950; en ese momento la proporción de población rural excedía 70% y la mitad de la población total del país era analfabeta. La proporción rural en el censo de 1964 era todavía casi la mitad del total y el Código en la práctica solo operaba en las ciudades.

La expectativa de vida en ese momento era del orden de 60 años, cifra que se adoptó como edad de jubilación para los varones al consolidarse el sistema de seguridad social bajo Lleras Restrepo, cuando la participación de la mujer en la fuerza de trabajo formal era muy baja, la tasa de natalidad era muy alta y la producción nacional estaba muy protegida con impuestos de importación. El país se ha urbanizado y alfabetizado, y cambió su sistema político en 1991. La expectativa de vida ha aumentado a 76 años, pero la vida laboral efectiva no ha aumentado mayor cosa. De allí la importancia de desvincular financiación de salud y remuneración. Además se debe atender las necesidades de mayores adultos sin ingreso. El crecimiento promedio anual de los últimos 30 años ha sido 3.5% y la población aumenta 1% por año, lo cual significa que el ingreso per cápita crece del orden de 2.3%, tasa insuficiente para atender las circunstancias de la mayoría de la población.

Hoy la producción nacional tiene elevada protección no arancelaria y políticas tributarias selectivas; la orientación empresarial no es hacia cadenas productivas competitivas en la arena internacional, en subsectores en los que las regiones tienen ventajas comparativas relativas: la mitad de las exportaciones corresponde a petróleo, sin ser país petrolero. Urge diversificar la canasta exportadora con mayor productividad y eficiencia en asignación de recursos. De allí la importancia de revisar las reglas en muchos frentes: serán efectivas las reformas laborales como parte de una estrategia integral de crecimiento, que involucre políticas comerciales y fiscales, articulación entre regiones y gobierno central, e incluso revisión de reglas básicas para tener buen legislador y justicia eficaz.

Las circunstancias apuntan a importantes debates. Algunos analistas rechazarán todo cambio con el argumento de que solo servirá para enriquecer al capital a expensas de los trabajadores, pero las discusiones en torno al aumento del salario mínimo evidencian problemas consecuencia del bajo crecimiento: el mínimo debe ser parte de la malla protectora de la sociedad, y no motivo de pugna entre gobierno y directivos de sindicatos, la mayoría de cuyos miembros trabajan en entidades públicas y tienen remuneración superior al mínimo. Así las cosas, las propuestas ameritan diálogo amplio: remover los obstáculos al crecimiento rápido aumentará el valor del trabajo, y no implicará prescindir de regulación efectiva para evitar abusos e inducir eficiencia. El conjunto de reformas debe desembocar en mejora relativa de la remuneración de todos.