Gobierno central y regiones

En la economía de hoy, con todo el globo integrado, corresponde a las regiones competir y a los países proveer servicios e importantes elementos de gestión. Los líderes empresariales y públicos de cada región deben concertar estrategias de desarrollo con fundamento en ventajas comparativas relativas, y competir con propuestas de otras regiones en el proceso de asignar recursos de manera eficiente.

El diseño del Estado en Colombia no es consecuente con estas realidades: el gobierno central tiene el poder, lo regional está atomizado y la articulación entre los dos ámbitos no es apropiada. Causa evidente es el ordenamiento político: a cada departamento corresponde una ciudad dominante, y la redistribución de ingresos corrientes de la Nación se hace de manera directa a los municipios certificados.

Además, son obstáculos la ausencia de verdaderos partidos, que impulsen gestión con perspectiva amplia, y la desvinculación entre educación y vocación regional. La planificación estática, limitada a horizontes de solo cuatro años, con desfase entre Nación y entidades territoriales, es poco efectiva en un mundo de circunstancias cambiantes: a vía de ejemplo, el costo de la mano de obra en países de ingresos medios ha desplazado la confección de gran volumen intensiva en horas persona a lugares de bajo ingreso con mano de obra productiva en esa tarea. La destrucción creativa no solo compete a las empresas; también es elemento de la dinámica regional.

Hace dos siglos las élites de las regiones asumieron posiciones diferentes en la pugna independentista: Santa Marta y Pasto impulsaron la causa realista con razones locales serias. Durante el siglo 19 hubo 10 guerras civiles y marcada inclinación a la autonomía de las provincias, cuyas élites tenían prioridades diferentes en un país rural de muy elevado analfabetismo. En 1886 la constitución unitaria de la regeneración estableció nueve departamentos, que correspondían en términos generales a los Estados Unidos de Colombia, formalizados en la convención de Rionegro, en 1863, bajo la regla de la centralización política. Ya en el siglo 20 las regiones se fracturaron. Se estableció una docena de nuevos departamentos, y en 1991 se elevó las intendencias y comisarías a la calidad de departamentos. Hoy existen 32, con gran dispersión en ingreso per cápita.

La geografía política nacional no propicia la captura de beneficios potenciales de unir a varias ciudades para aprovechar ventajas compartidas, ni la construcción de lazos entre regiones y capital internacional. El fallido impulso a la fragmentación a ultranza bajo Rafael Reyes hace más de un siglo fue motivado por el temor a la confrontación armada entre estados poderosos y gobierno central. Aunque el gobierno hoy es débil, las diferencias entre regiones no justifican esquemas federales.

La intención de la Asamblea de 1991 era descentralizar, pero los procesos establecidos en la Carta dejaron los territorios a merced del gobierno central para iniciativas discrecionales, sin capacidad para aunar voluntades en pro de propósitos concertados entre lo público y lo privado en los ámbitos regionales, en perjuicio del desarrollo social y económico. Además, los sistemas para elección, gestión y control promueven la corrupción en departamentos y municipios, e inhiben la orientación al largo plazo. Construir articulación acertada entre centro y regiones es reto importante.