La incapacidad mundial frente a la epidemia del covid-19 es serio indicio de las funestas consecuencias de la inadecuada institucionalidad existente para el mundo de hoy. Los retos que enfrenta la especie son enormes: hay peligro de guerra nuclear de destrucción total y guerra biológica, manipulación tecnológica y mediática, y deterioro catastrófico del ambiente. También hay oportunidades sin precedentes para aumentar la productividad y eliminar la pobreza. En últimas se debe aprovechar los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida de todos los humanos en forma sostenible. Esta circunstancia obliga a pensar de manera diferente los esquemas de organización. Se presume que los 196 países existentes son autónomos, pese a que hay interdependencia y subordinación evidentes; además son heterogéneos en tamaño, desarrollo social y económico, consumo de recursos no renovables y modelo político.

El capital privado tiene ventaja en el proceso de diseño institucional: sus cúpulas directivas son corporativas y no unipersonales, tienen mejor distribución de responsabilidades entre los partícipes activos y pasivos, control interno y evaluación de desempeño. Sin embargo, también las empresas tienen problemas de ética ante la tentación del beneficio económico para los accionistas y en épocas recientes para los altos ejecutivos. Esa situación exige normas y coerción.

El camino acertado requiere repensar los modelos prevalentes en ambos frentes, público y privado. Es preciso poner de presente que corresponde al sector público la vigilancia de la gestión privada, y en particular evitar conductas abusivas en actividades que corresponden a estructuras monopólicas u oligopólicas. Por ende, conviene como primer paso rediseñar lo público, cuyo cimiento es el ejercicio del monopolio del poder coercitivo, y cobija la formación de normas adecuadas para un mundo cambiante, la tarea de juzgar conductas, y la administración de comunidades y conjuntos de comunidades.

Los asuntos globales requieren autoridad mundial efectiva, en tanto que la selección y materialización de estrategias de desarrollo social y económico deben gravitar en buena parte en el ámbito local. Hay tareas de administración pública que se benefician de capturar economías de escala, en tanto que hay otras donde la escala produce deseconomías. Las agrupaciones de comunidades no deben ser las mismas para todos los propósitos: cada clase de actividad logra solución óptima con diferentes linderos. Así, la mejor agrupación en lo fiscal y monetario no necesariamente coincide con la más apropiada para lo ambiental, ni para lo cultural y recreativo. Reconocer esto implica aceptar que cada individuo puede tener múltiples filiaciones, que deben ser conciliadas para evitar conflictos improcedentes.

Un mundo bien ordenado tendrá propensión a la integración comercial para lograr eficiente asignación de recursos, ordenamientos penales acordes con linderos culturales y religiosos, provisión de infraestructura y servicios de salud que faciliten la movilidad geográfica, y normas universales para la protección del conocimiento valioso, con el fin de estimular la innovación sin caer en el abuso. Es doloroso reconocer que falta mucho para reconocer lo obvio, sobre todo porque quienes detentan poder son renuentes a promover cambios, pero la dilación puede poner en peligro la supervivencia de la especie.