Elecciones

La democracia liberal permite, en principio, escoger entre diversas opciones en pugna electoral. El propósito es lograr resultados acertados en lo público. Sin embargo, los votantes pueden adolecer de deficiente información, criterio errado, abanico inadecuado de opciones, defecto en el diseño de los procesos y estructura de los poderes públicos, o varias de las anteriores. En Colombia hoy se conjugan todos los defectos: el proceso no facilita comparar propuestas o evaluar competencias personales de los aspirantes a cargos de elección popular, pues hay 36 partidos y movimientos políticos registrados y la pasión rige preferencias por encima de la razón; para presidente, cabeza de la administración a partir de agosto de 2026 si no hay anomalías en la precaria democracia colombiana, hay exceso de aspirantes; la financiación corre a cargo de cada aspirante, con reembolso según el número de votos que se obtengan; no hay educación sobre instituciones públicas. El sistema político nacional no es sólido.

Los aspirantes que logren la elección deberán luego hacer la tarea en el legislador o en la administración, que dura cuatro años. El más diestro para hacerse elegir puede no ser el más idóneo para hacer reglas o dirigir el gobierno. Preocupa el descaro del gobierno actual para usar recursos públicos con propósitos electorales; en respuesta, muchas personas centran su energía en impulsar la elección de quienes tengan mayor probabilidad de victoria en las urnas, sobre todo en el caso de la presidencia. Subestiman la importancia de acertar en gestión; parecen aceptar la realidad mediocre del país.

La desacertada gestión de Gustavo Petro, plagada de irresponsabilidad, carente de método y salpicada por escándalos, explica ese interés. Su estrategia para conservar el apoyo de un cuarto de la población ha sido aumentar el número de personas que reciben salario u honorarios del estado, de 1 millón a 1.3 millones, impulsar subsidios no sostenibles a segmentos selectos, aumentar la remuneración de la base del ejército casi 30% en 2023, y malgastar dinero público, a costa de deuda que será preciso pagar más tarde.

Ningún aspirante ha cuestionado a fondo el Estado como hoy existe, sin partidos de verdad y con reglas para financiar campañas que promueven la corrupción. No incomoda el régimen presidencial, con exceso de autoridad y responsabilidad en una persona. Los votantes no conocen la perspectiva de la economía hacia el mediano plazo, con mucho gasto público improductivo que impulsa el consumo a expensas del ahorro y la inversión pública y privada, niveles de remesas del exterior sin precedentes, que aumentan el consumo pero socavan la competitividad de las cadenas productivas porque fortalecen el peso, y precios de petróleo y café con tendencia a caer.

Personalidades de la vida política nacional recomiendan unión de los aspirantes al solio de Bolívar con puntos de vista de derecha o de centro, para evitar que la extrema izquierda permanezca en el poder. La economía no ha mostrado todavía las consecuencias del mal gobierno, pero llegarán el llanto y el crujir de dientes. De allí la importancia de que la unión de todos los demás contra la extrema izquierda populista se base en programa sólido y audaz para instaurar cambios de fondo, de manera que el estado sí funcione, se construya democracia sólida, y el país ofrezca oportunidades para todos.