El estado óptimo

En materia social se entiende que la situación óptima es aquella en la que nadie puede mejorar sin que alguien desmejore. El Estado es la institución social más importante. En los últimos dos siglos, al compás de la revolución industrial, ha habido notables cambios en la vida humana: se ha institucionalizado el ejercicio del poder coercitivo, se ha expandido la infraestructura de servicios y se ha ampliado la cobertura pública de salud y educación en todo el mundo. En EE.UU. el Estado suma alrededor de 30% del PIB, y en Europa Occidental, 40%. En Colombia, lo público es cercano a 30% hoy, pero su eficacia es discutible: la calidad de la educación pública, que cobija a cerca de 90% de la población, es deficiente, y los servicios de salud tienen rezago en integración de la información para mejorar el servicio y hacer promoción y prevención efectiva.

Son graves la incapacidad para hacer control efectivo de la violencia, en particular en regiones azotadas por el narcotráfico, y las evidentes deficiencias de la justicia, con serio atraso tecnológico y sesgos ideológicos que le restan independencia; la tarea de enderezar las normas relacionadas con formación y operación de la rama judicial desborda al legislador producto del sistema político. La mediocridad de quien hace las leyes pone en entredicho la idoneidad del Estado.

El tamaño óptimo del Estado es distinto en cada momento, porque las circunstancias de las personas, sus necesidades y su potencial de contribución cambian. Hacia adelante se vislumbra una humanidad más comunicada, más exigente, más desconfiada, más móvil y, por ende, menos comprometida con la institucionalidad.

Serán necesarios ajustes en procedimientos y prioridades a medida que la población envejezca, las exigencias de competencias laborales se hagan más específicas, los costos verdaderos del consumo de recursos se reconozcan en el precio, con restricciones crecientes, y las normas se vuelvan más precisas y su aplicación más profesional. Todo esto requerirá mejor legislador, mejor justicia, mejor gobierno central y, por supuesto, mejor gobierno regional y local. Habrá costos crecientes para los bienes públicos, que se deberán pagar con más impuestos y más recursos de renta propia de lo público, lo cual exigirá mayor ingreso agregado.

Los marcos normativos del mundo deberán ser menos diferenciados y más racionales para evitar flujos ineficientes de capitales consecuencia de oportunidades de evasión, y mucho más simples para evitar excepciones que induzcan usos inapropiados de recursos escasos. Habrá más conciencia de la importancia de medir el desempeño con indicadores, pese a las limitaciones inherentes a la evaluación de calidad. El mundo que nos espera será más exigente con los ciudadanos, porque todos tendremos papel en asuntos de acción colectiva, como la protección al medio ambiente, al derecho a la intimidad y a amenazas que desbordan fronteras, en general.

Colombia debe prepararse como comunidad para ese nuevo mundo, aceptar la necesidad de construir el Estado idóneo frente a las nuevas responsabilidades que la realidad impone, capaz de lograr el compromiso de sus empresarios con productividad en economía abierta, con procesos eficaces para mejorar el ingreso y reducir la desigualdad, y de la sociedad en general para facilitar la construcción de armonía y sostenibilidad. Hay que revisar el Estado para sobrevivir con dignidad.