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No hay margen de maniobra: hay que conciliar la necesidad de apoyar a las personas en la base de la pirámide e impulsar el crecimiento sostenido. Ambos propósitos requieren esfuerzos fiscales, y el país no tiene credibilidad en los mercados para aumentar la relación entre el producto interno bruto y el nivel de deuda. Hay inconformidad por los errores del Gobierno en varios frentes, aprovechada por quienes dicen defender los derechos del pueblo pero solo aumentan la complejidad del problema. El presidente Duque está desgastado ante la opinión pública. La imprudente gestión de la propuesta de reforma tributaria diseñada a espaldas de su propio partido y rechazada a priori por la opinión pública ha puesto en evidencia sus limitadas dotes políticas. La debilidad del Estado ante conductas inaceptables de algunos partícipes en el reciente paro nacional es capítulo desfavorable para la calificación del cuatrenio en curso. Sin embargo, censurar al gobernante no es solución para atender las dificultades actuales. Es preciso enfrentarlas con sentido de responsabilidad colectiva.
No basta denunciar los errores de quienes administran el Estado colombiano; se deben proponer caminos para mejorar las perspectivas sociales y económicas. El deficiente desempeño de la economía desde 2015 es indicio de que algo fundamental está mal. La productividad medida como valor agregado por hora trabajada es pésima: Colombia registra menos de US$10 por hora, en contraste con EE.UU., la economía más grande del mundo (más de US$60), Chile (casi US$30) o México (alrededor de US$20).
La educación pública, necesaria para construir futuro, sale mal en las pruebas Pis de la Oecd, víctima de relación patológica entre el Ministerio de Educación y la Federación de Educadores, sin la necesaria participación de las regiones en especificaciones curriculares ni la evaluación obligatoria de docentes para ofrecer oportunidades de mejorar mediante capacitación y excluir a quienes no logren resultados mínimos. La investigación y la innovación no tienen la asignación de recursos públicos indispensable para impulsar el crecimiento económico.
El dilema es crecer o perecer. Urgen reformas en materia social, laboral y fiscal. Se debe desmontar privilegios en impuesto a la renta, fijar tarifas similares a las vigentes en otros países para las sociedades, ampliar la base del impuesto al valor agregado pero reducir la tasa general y así reducir la informalidad, lograr la contribución fiscal de personas naturales en la cima de la pirámide de ingresos, penalizar la evasión y desvincular trabajo y seguridad social, pero eso no bastará para lograr crecimiento con equidad.
Es preciso impulsar la productividad con esfuerzo concertado entre sector privado, regiones y gobierno central; la tarea implica abrir la economía para asignar recursos con más eficiencia, planear la inversión pública con flexibilidad y perspectiva de largo plazo en función de la ventajas comparativas relativas de las ciudades, y establecer mecanismos razonables de transición en impuestos arancelarios y tasa de cambio para permitir la resurrección de cadenas productivas. Es esencial impulsar la presencia del Estado en la periferia. Con seguridad, educación, justicia, salud, infraestructura y paquete tecnológico en el agro se podrá además ganar la guerra de la coca, serio obstáculo para el país hoy. Hay que pensar en grande.