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Educar implica, sobre todo, desarrollar destrezas de aprendizaje. Hasta hace poco se consideraba que el proceso educativo se debería orientarse a acumular información, y el foco de la tarea concentrarse en el ciclo básico, desde el jardín infantil hasta la terminación del bachillerato. Así las cosas, la educación superior era asunto para las élites intelectuales. Hoy se sabe que la personalidad se forma en los primeros siete años, y que la educación, formal e informal, debe ser permanente, desde el vientre materno hasta la tumba.
La construcción de institucionalidad pública para la educación debe ser el cimiento de la estrategia para ofrecer oportunidades de mejora a toda la población por igual. Por supuesto hoy la creciente desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países, impulsada por la revolución informática y tecnológica, es serio obstáculo para el logro de este propósito: para los estamentos de altos ingresos los crecientes costos de una educación muy refinada son inversión que se puede asumir con expectativa de rédito y, además, con posibilidad de completar el proceso así hubiere habido incursión en iniciativas fallidas. El reto es construir instituciones públicas de calidad que mitiguen en forma significativa las desventajas derivadas de proceder de estamentos sociales con ingresos bajos. Este imperativo invita a repensar la vida cotidiana en sociedad de manera integral, bajo la premisa de que la educación es, como se plantea, tarea permanente y universal.
Parte integral de la educación de todos los ciudadanos desde la infancia y hasta la muerte es la educación cívica, camino natural para aprender a compartir los espacios públicos. Ella implica conocer las reglas formales de convivencia y su fundamento. Como las cosas del mundo cambian, es apenas natural que las reglas también cambien. A veces se degradan, y en ocasiones su aplicación se desordena. Ello significa que es importante educar en forma permanente al legislador y a los jueces para que hagan bien su tarea, de manera consistente con el signo de los tiempos. Además, toda la rama judicial debe avanzar en el propósito de ejecutar su tarea con eficacia creciente, lo cual significa uso eficiente de los recursos disponibles y calidad cada día mayor en los procesos y productos de cada uno de los actores en su respectivo ámbito.
La tecnología puede ser herramienta decisiva para simplificar textos con atención a la necesidad de claridad y precisión, con rapidez y consistencia con las jurisprudencias de las máximas instancias en la estructura judicial. De especial importancia es la educación de las altas cortes para asegurar sentido crítico y, al tiempo, mesura en el alcance de sus pronunciamientos. Es preciso, por supuesto, extirpar prácticas indebidas, como la divulgación del sentido de las sentencias sin hacer público el texto mismo, así como impulsar la atención a las ciencias naturales y sociales con rigor, para evitar contrasentidos a veces evidentes. Todo ello es parte del propósito vital de lo público. En el desarrollo del aprendizaje sistemático para tener justicia rápida y de buena calidad deben participar, todas las instituciones. La tarea pedagógica es inmensa y urgente. La iniciativa debe surgir de la ciudadanía en pleno: aún sin solución definitiva a los interrogantes de la vida conviene conocer las apreciaciones de otros
