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El reto comienza por reconocer las realidades. Nuestro sistema educativo no tendrá futuro mientras no se oriente a atender las necesidades del país. No solo hay que superar los deficientes resultados en las pruebas PISA, en las cuales el país quedó en el puesto 59 en la última versión, y 62 entre 65 en la anterior. Desde hace décadas los especialistas han señalado la importancia de enseñar a aprender: la información disponible es infinita frente a la acumulación que puede lograr una persona. El papel del docente es central: su tarea es vender un propósito. La profesión debe atraer talento: hay que evaluarlos, desvincular a quienes no superen cierto umbral y mejorar la remuneración de los idóneos. La verdad es que gran proporción de docentes en Colombia hoy escogieron la actividad porque no tenían mejores opciones: no calificaban para tareas mejor remuneradas.
El proceso educativo debe comenzar lo más temprano posible: el impacto en los primeros años es decisivo. Debe cobijar la totalidad de la vida de todas las personas, y ser actividad de tiempo completo entre los dos años y los dieciocho. Colombia, en contraste, creyó evitar el costo de invertir en más aulas durante la fase de aumento de la población en edad escolar mediante la ingeniosa figura de jornadas recortadas, de manera que se pudiera utilizar la misma infraestructura para dos jornadas, como si los padres tuvieran actividad programada y útil para los menores en su casa por la mañana o por la tarde, según el caso. El reconocimiento de ese error llevó a iniciar el proceso para ampliar la jornada, pero los cronogramas para tener suficientes aulas en 2030 no se van a cumplir. Además, se ha puesto en práctica la construcción de mega colegios en todo el país, para hacer más rápido la tarea de aumentar el área de aulas, remedio más costoso que la enfermedad.
En efecto, las sedes con más de mil quinientos educandos invitan a la formación de grupos con prácticas antisociales sin que la administración pueda detectarlos. Se anota que no hay economías de escala significativas en la operación de colegios por el hecho de hacerlos más grandes, pues los docentes son los mismos, y que es muy negativo el aumento en la distancia para los estudiantes y padres de familia, que hace costoso el desplazamiento y dificulta el uso de las aulas por la noche para propósitos de mejorar las destrezas de la población adulta del vecindario.
Además de ofrecer buena calidad y plena cobertura, la educación debe ser pertinente: debe hacer referencia a las experiencias de la vida cotidiana de la comunidad, su actividad económica, sus valores y su cultura. Así haya lineamientos generales de carácter nacional para la definición de programas, debe haber un papel creativo para la administración pública de cada ciudad región, consistente con la visión colectiva que comunidad, líderes políticos y empresariales, y academia hayan convenido. El papel absurdo como interlocutor en las reglas de la educación pública que el Ministerio de Educación ha asignado a la Federación Colombiana de Educadores es un primer obstáculo, cuya remoción es tarea que debe ejecutarse con el respaldo de todos los colombianos.
La educación pública de calidad para todos es el cimiento de la igualdad de oportunidades y la base para una economía con valor agregado. Los candidatos tienen la palabra.
