En el siglo 19 se produjo la revolución industrial en Europa Occidental, con profundas implicaciones sociales: las ciudades crecieron y el comercio internacional se multiplicó, pero también la expectativa de vida en las grandes ciudades se redujo durante varias décadas.

La transformación de la forma de trabajar produjo fracturas nuevas, entre capital y trabajo, que dieron lugar a diversas propuestas políticas, desde el liberalismo hasta el socialismo. La interpretación de la historia formulada por Karl Marx en la tradición de la izquierda hegeliana impulsó modelos políticos fundados en leyes de la historia que desembocarían en el triunfo del trabajo y la propiedad pública de los bienes de producción.

Esta visión se impuso en Rusia tras la revolución bolchevique de 1917, y después en Corea del Norte, Europa Oriental, China, Cuba y ahora en Venezuela. Al principio solo parecía censurable el ejercicio despiadado del poder, pues se mantuvo la senda de crecimiento en vigencia desde finales del siglo diecinueve. Incluso Oskar Lange, economista polaco, demostró que desde la perspectiva de la matemática formal no habría diferencia sustantiva en eficiencia para asignar recursos entre la planeación central y la economía de mercado.

Sin embargo, la incapacidad evidente de las economías comunistas para dar el salto cualitativo hacia nuevas tecnologías evidente en desde los años sesenta desembocó en el colapso del sistema en Rusia y sus satélites por las limitaciones a la innovación resultantes de la burocracia estatal y el modelo político totalitario.

Los años treinta fueron fértiles para la teoría económica. Así, E. Chamberlin y J. Robinson explicaron de manera independiente la competencia imperfecta en los mercados con barreras significativas; se entendió así que muchas actividades requieren regulación para evitar prácticas comerciales restrictivas.

Sin embargo, lo más importante fue la formulación de los cimientos de la teoría macroeconómica por J. M. Keynes; ella permitió entender que el gasto público puede ser determinante para impulsar la economía en situación de demanda agregada insuficiente. Alguna inclinación hacia la propiedad estatal de los medios de producción subsistió en países con economías desarrolladas de mercado, en particular Gran Bretaña, hasta los 70.

Aún hoy muchas personas solo consideran posturas extremas en esta materia, sean neoliberales o socialistas, sin valorar el papel del Estado como regulador e impulsor de estrategias regionales, ni los retos de lo público en educación para cultivar la capacidad de innovar, decisiva para el progreso.
En el tercer mundo el aparato productivo suele buscar protección; no se organiza con orientación a los subsectores con ventajas comparativas relativas para subsistir y crecer en la economía moderna.

El nuevo escenario globalizado obliga a ajustar las instituciones públicas de los países y las mundiales, incluidas Naciones Unidas, la Corte de La Haya y la Corte Criminal Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio.

La caída en los precios relativos de los productos primarios en la década que termina obliga a buscar más valor con apoyo en el conocimiento. No es hora de discusiones improductivas, que pueden servir al populismo como retórica política pero no ayudan a mejorar nivel de vida y reducir desigualdades.