Diseños ineficientes

Desde la perspectiva práctica casi todos los países tienen mal diseñada su administración: el equipo directo de subordinados de quien encabeza el gobierno suele ser numeroso, lo cual hace muy difícil la coordinación de las tareas para poner en práctica los programas y proyectos. En contrates, el sector privado, trátese de empresas o entidades sin ánimo de lucro, evita tener más de 10 subalternos directos de la cabeza: desbordar ese límite impide planificar, ejecutar y evaluar de manera eficiente. El problema también es evidente en la dimensión de los cuerpos a cargo de la misión de legislar: en casi todas partes el número de personas con esta tarea es exagerado, las intervenciones escasas en rigor, y el producto mediocre. La justicia también suele cojear en su diseño.

Lo público no recibe la atención que merece: la población de los países democráticos considera que su participación en los procesos electorales es suficiente. Además se deja persuadir por espejismos: aplaude la creación de nuevos ministerios, la dedicación de los ministros a impulsar normas innecesarias y la actuación de los legisladores al expedirlas, y no evalúa los procesos de legislar, juzgar y administrar como punto de partida para definir la organización apropiada para llevarlos a cabo. No visualiza la necesidad de ordenar actividades mediante ciclos de carácter semanal, mensual o anual, ni la importancia de establecer sistemas de información y control apropiados en cada frente para asegurar los resultados deseados.

En Colombia hay 16 ministerios y 8 departamentos administrativos, además de la secretaría general de la presidencia. En consecuencia, si a presidente y vicepresidente se suman 25 personas más, el número de asistentes a las reuniones del grupo primario del gobierno desborda toda posibilidad de eficacia: el esquema hace imposible coordinar la gestión de asuntos que involucren a varios miembros del grupo.

El asunto se agrava al incluir como subordinados directos del presidente a sus consejeros y a su secretario privado. En contraposición a la apreciación de que asignar calidad ministerial a asuntos específicos los dignifica, es probable que desvincularlos de otros haga más compleja su debida atención.
El país tiene dos cámaras, lo cual es acertado porque permite en principio reducir el riesgo de deficiencia en la calidad de las normas, pero ninguna de las dos corresponde a circunscripciones unipersonales, una de ellas es de circunscripción nacional, lo cual desdibuja el propósito de la representación, y no tienen diferencia clara de funciones.

Además el proceso electoral no se sujeta a disciplina de partido de manera rigurosa, porque el umbral para la existencia de partidos políticos es muy bajo, 3% de los votos totales, y cada aspirante moviliza los recursos económicos para su campaña. Hay cinco altas cortes: la constitucional, la suprema, el consejo de estado, la electoral y la justicia especial de paz. Cada una se considera autónoma en jurisprudencia. La función disciplinaria no está a cargo de los jefes respectivos, sino de un ente externo, la procuraduría, rueda suelta en la estructura pública, al igual que la contraloría, entidad cuya labor debería ser parte integral de la administración.

Hay razones evidentes para que el Estado sea ineficiente. Diseñar buenos procesos públicos y estructuras adecuadas para atenderlos debe ser prioritario.