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El ingreso por habitante de Colombia es bajo, del orden de US$7.000, un tercio de los de Chile y Uruguay, la mitad de México y Costa Rica. Con estado funcional y políticas acertadas podría crecer 8% por año según Fedesarrollo por al menos cinco años. El crecimiento rápido sostenido es necesario para eliminar la pobreza, darle más firmeza a la seguridad social solidaria, aumentar el bienestar material en general y tener recursos para participar en tareas de la especie entera: la atención a problemas ambientales, la supervisión al capital y la lucha contra el delito.
El ingreso es la suma del consumo, la inversión y el gasto de gobierno. Puede haber propuestas diferentes para crecer: estado mínimo, impulso a la propiedad estatal, o combinaciones de actividad privada y estatal. Muchos economistas prefieren el libre comercio; otros, como J. A. Ocampo y J. I. González, son amigos de la protección para crear condiciones apropiadas para el libre comercio más adelante, y otros hacen énfasis en mecanismos de transición para evitar costos innecesarios que resultarían de cambios bruscos en la conducción de la economía. Puede haber más valoración del corto plazo o del largo plazo. Así las cosas, los aspirantes al solio de Bolívar 2026 deben especificar sus propuestas para el crecimiento económico.
La producción nacional hoy tiene mucha protección en Colombia, como han demostrado J. J. Echavarría, J. García G. y otros, mediante mecanismos diferentes de impuestos a las exportaciones. Los impuestos serían improcedentes porque hay numerosos acuerdos preferenciales de comercio con otros países, que solo los permiten para contrarrestar ventas a precios bajos con propósitos destructivos (dumping). La protección ha resultado contraproducente: la participación del sector productivo en el ingreso y en la canasta exportadora viene en descenso desde hace un tiempo.
Hay otros elementos pertinentes. El primero es el Estatuto Tributario, grueso tomo que debe cambiarse por un conjunto de reglas sencillas y efectivas, como se hizo en 1974. Un segundo ítem es cambiar las reglas laborales y, en general, reducir los costos de la actividad empresarial formal, para impulsar la productividad; la informalidad es la condición de 55% de la población activa en la economía y no construye futuro. Un tercer capítulo es el ordenamiento político, obstáculo para la descentralización efectiva: llama la atención que no se revisaron los mecanismos de articulación con el gobierno central ni las herramientas de control antes de aprobar el Acto Legislativo que aumentó la participación de entidades territoriales en los ingresos corrientes. Hoy hay redistribución directa a más de 800 municipios certificados.
El crecimiento exige visión amplia para integrar al país en el mundo; la tarea hoy enfrenta sesgos ideológicos que rechazan las realidades económicas, pero no por ello es menos necesaria. El reto compromete por igual a lo público y lo privado.
El crecimiento no es objetivo central, pero atenuará la desigualdad y permitirá tener más recursos para programas sociales, inversión en infraestructura e impulso a la educación con propósitos de largo plazo. Los aspirantes deben especificar sus planes, pues hay muchos capítulos y, por ende, muchas opciones. Los votantes merecen información adecuada sobre propuestas y consecuencias para pronunciarse en las urnas.
