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Analistas 28/11/2020

Coca e instituciones

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

Desde hace medio siglo Colombia ha tenido importancia en la atención a la demanda de cocaína en el mundo. El gobierno de López Michelsen estableció mecanismos racionales en el Banco de la República para para administrar el flujo de divisas resultante del negocio. No hubo censura social en esa época al narcotráfico: Pablo Escobar fue elegido para el Congreso en 1978.

Las guerrillas comunistas de las Farc, que habrían quedado en obsolescencia a raíz de la transformación nacional en sociedad urbana, cobraron bríos en los 80’s como actores en la guerra de la coca. El país pasó de lugar de procesamiento y nodo logístico a productor integral.

La ausencia del Estado en la periferia movió a terratenientes en muchas regiones a impulsar la formación de ejércitos privados; las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá fueron fruto de la transformación del ejército de F. Castaño, promovido en sus orígenes por Escobar. Los carteles patrocinaron la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19 y asesinaron al candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989.

El Estado se puso en pie de guerra, pero hubo circunstancias inexplicables, como la detención de Escobar en condiciones excepcionales, el secuestro del Viceministro de Justicia en el sitio y la fuga del capo. El gobierno de C. Gaviria impulsó la distinción entre narcotráfico y narcoterrorismo para evitar lucha abierta con el cartel de Cali y estableció las cooperativas de vigilancia.

Además, legitimó el procedimiento auspiciado por los carteles para convocar la realización de la Asamblea Constituyente de 1991. Los narcotraficantes lograron su propósito: suprimir la extradición. En la campaña de 1994 el ganador, Samper, recibió dinero del narcotráfico pero se negó a renunciar. Ello deterioró la relación con Estados Unidos.

El Estado redujo los carteles en los años 90: primero el de Medellín, luego el de Cali, y finalmente el del Norte del Valle. El país mantuvo papel central en la producción de cocaína, pero el control del negocio en el mercado internacional pasó a los carteles mexicanos, crecidos desde 1998 porque la derrota del PRI en elecciones presidenciales puso fin al discreto acomodo entre gobierno y delincuencia en ese país.

Las Farc, actores locales de importancia en la cadena de valor, llegaron a controlar 468 municipios al terminar el gobierno de A. Pastrana, fallido en intento de llegar a acuerdos de manera pacífica. A. Uribe ganó las elecciones de 2002 con la promesa de restaurar el control del país por el Estado, y avanzó en el propósito: el número de municipios en manos de las Farc en 2010, al terminar su segundo gobierno, era 240.

Además consiguió la detención y extradición a Estados Unidos de los principales líderes de las organizaciones paramilitares involucradas en narcotráfico, pero no logró materializar procesos para convenir el fin de la guerra con las Farc, propósito que sí logró su sucesor J. M. Santos.

Los acuerdos gestados en La Habana fueron rechazados por estrecha mayoría en referendo en 2016, pero gobierno y guerrilla convinieron ajustes menores, se firmaron de nuevo los acuerdos en Bogotá y el Congreso los elevó a norma constitucional. La base de la guerrilla se desmovilizó, pero el Estado no ocupó los territorios desalojados por la guerrilla. El área plantada en coca creció, lo cual es problema en relaciones internacionales. No hay perspectiva clara…