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El Presidente ha propuesto impulsar una Asamblea Constituyente, como se hizo en 1990, sin precisar el diagnóstico para promover la aventura. Tras 57 reformas desde 1992, el deterioro institucional persiste. La incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza, la mediocridad del legislador y la ineficacia de la justicia apuntan a la conveniencia de revisión comprensiva de la farragosa y mediocre constitución de Colombia. Algunos aspirantes al solio de Bolívar opinan que se pueden hacer mejoras significativas en la gestión sin modificarla. No reconocen la necesidad de ajustar sus procesos básicos para que el Estado sí funcione y el país ofrezca oportunidades para todos.
La Asamblea es un pésimo modo de hacer la tarea: cabría la improvisación, con serios riesgos de deterioro: los consensos serían fruto de negociación entre partes interesada, sin posibilidad de buen resultado. En contraste, un proceso participativo para un referendo podría tener aceptación del legislador en respuesta a presión ciudadana, y desembocar en un sistema político efectivo.
La reforma más importante es subir el umbral hasta al menos 5% de los votos para que un partido o movimiento político pueda participar en el legislador, y establecer financiación de campañas a cargo del Estado en su totalidad, con formato predefinido por ley estatutaria, para que sean vehículo educativo en vez de marketing sin sustancia.
Un buen legislador, con capacidad crítica y compromiso con el interés general, haría revisión permanente de procesos para lograr el resultado deseado: una sociedad dinámica, abierta a ventilar divergencias en forma acertada. En ese ambiente se promovería conducta modelo de las personas vinculadas a la rama judicial, lo que resultaría en agilidad, discreción y, sobre todo, eficacia en su labor.
Hay otras modificaciones urgentes: (1) la supresión del sesgo político en la conformación de la Corte Constitucional; (2) el establecimiento de regiones para aprovechar ventajas comparativas relativas mediante la acertada articulación de lo público y lo privado y la eliminación de los departamentos, cuya dimensión fiscal es muy inferior al de las capitales, todas certificadas para transferencias de ingresos corrientes de la Nación; (3) la supresión de contradicciones explícitas; (4) la instauración de control interno como tarea del gobierno central; (5) la supresión del sistema penal acusatorio y el regreso a proceso mixto, con espacio para la iniciativa judicial en el sumario.
Es preciso mitigar los riesgos inherentes al régimen presidencial, que concentra autoridad y responsabilidad en una sola persona. Procede revisar la eficacia de la separación de poderes de Montesquieu, acogida en EE.UU. (1787) y en Iberoamérica tras la invasión napoleónica a la península (1808): casi todos los países desarrollados tienen régimen parlamentario. Cabría estudiar cúpula pluripersonal, con personas de reconocidas capacidades escogidas por el legislador.
Se debe revisar lo actual para asegurar consistencia, y excluir asuntos que deben ser de ley o de acto administrativo. Se debe mantener el propósito de construir el Estado Social de Derecho, apoyado en dos valores: respeto y solidaridad.
El proceso exige explicar objetivos, estrategias y restricciones, y establecer canales idóneos para obtener retroalimentación masiva.
La tarea es urgente e importante.
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