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El próximo Presidente de los colombianos tendrá que enfrentar -como una primera tarea- la inaplazable reforma de las instituciones cafeteras a fondo, principalmente en lo que se refiere a la comercialización del grano.
La crisis generada con el incumplimiento en las entregas del café vendido a futuro, que tiene represados cerca de 46 millones de kilos y está concentrada en cerca de 7.000 productores, puede generar enormes pérdidas al Fondo Nacional del Café - FoNC, contra su patrimonio, y sacrificará a los cerca de 500.000 pequeños productores.
Adicionalmente, algunas de las principales cooperativas cafeteras, patrocinadas por la Federación, están en liquidación, intervenidas y otras, al borde de la quiebra, ocultando el problema.
Los caficultores incumplidos saben que su relación es sólo con la cooperativa; que, además, la proximidad de las elecciones cafeteras se convierte en una protección para evitar coerción jurídica, máxime que los grandes productores hacen bulla, financian paros, y son los que mandan en la opinión cafetera de cada región. Seguramente por esa razón les otorgaron tres años de plazo, cuando debían ser días; medida inequitativa, arbitraria, cuestionable como manejo de recursos públicos, y se convierte en una lápida para este valioso instrumento.
La administración, tiene la alternativa de adelantar las reformas a fondo, ahora mismo, desde luego con un enorme costo político; de lo contrario tendrá que estar dispuesta a que un nuevo gobierno, ante la gravedad de la crisis que se avecina, meta la mano sin el conocimiento y los elementos de juicio necesarios, sólo en aras de arreglar un problema.
Es claro que el Fondo Nacional del Café, es el responsable ante terceros de esos 46 millones de kilos, sin la formalización de contratos, -según me informan-, que les permita actuar legalmente, con unos gerentes de cooperativas que se resisten a firmar ahora documentos que se irían inmediatamente en su contra; además, sus patrimonios son insuficientes para atender las obligaciones contraídas.
Casos gravísimos, como el de cooperativas con millones de kilos comprometidos como posición propia, especulando sin respaldo en contratos con productores, resultado de la informalidad con la que se manejó toda la cadena de comercialización.
Puede suceder lo que proponía el estudio de la misión cafetera que lideró Juan José Echavarría; separar del Fondo la comercialización, para que ya no sea un bien público, y se convierta en una actividad comercial corriente, en cabeza de una empresa privada de la Federación, -como Expocafé- si sobrevive esta crisis. El mercado ha hecho parte de ese trabajo, si tenemos en cuenta que la FNC-FoNC, comercializa menos del 20 % de la cosecha. Terminaría el conflicto con los privados, de regulador y competidor.
Definir si las cooperativas siguen existiendo, patrocinadas por la Federación y a su vez como asociado, es urgente, e identificar cuál es el papel de Almacafé, lleno de activos, sin inventario.
En conclusión, elecciones presidenciales, nuevos congresistas, nuevo gobierno, elecciones cafeteras, disminución en la producción y un futuro de precios bajos, -como lo anunció el gerente de la Federación- implica que la reforma, la hacen, o de lo contrario se las hacen.
