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Equidad con el trabajador rural

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Guillermo Trujillo Estrada

El Plan Nacional de Desarrollo que en sus postulados menciona la equidad como uno de sus objetivos fundamentales, contradice absolutamente este propósito ya que en artículo 113 contempla crear el piso mínimo de protección social para los trabajadores del campo como un logro.

Resulta que acepta que el trabajador rural puede devengar menos del salario mínimo y por lo tanto acceder al régimen subsidiado, y a Beneficios Económicos Periódicos, Beps, para formar su pensión. De esta manera, el gobierno, por ley, acepta la inequidad de crear un régimen diferente para el trabajador rural, cuando la responsabilidad de la sociedad debe ser precisamente garantizar las mismas condiciones laborales del trabajador urbano. Así se combaten la violencia y la migración. No olvidemos que, según el Dane, en el campo el 86 % son informales y el 71 % devenga menos del salario mínimo.

En síntesis, lo que se pretende en el plan de desarrollo es lograr – por la vía rápida y de forma imperceptible- aprobar lo que hasta ahora no se ha logrado con en el proyecto de ley 193 de Senado y 123 de Cámara que propone: “La dignificación del trabajo de la población rural y establecimiento de un piso de protección social mínimo”, y ha tenido muchas dificultades en su trámite, por cuanto intenta eximir al empleador rural de las obligaciones del código laboral.

Este proyecto, gestado y promovido por la Federación de Cafeteros para resolver el problema de medianos y grandes productores, que alegan incapacidad económica de pagar las obligaciones laborales, así como la dificultad práctica de hacerlo por la estacionalidad de la mano de obra, pretende dejar por al trabajador rural en inferiores condiciones, mediante “un articulito”. ¡Una reforma laboral, por la puerta de atrás!

En mi concepto se debe lograr un sistema de afiliación y aportes semanal e inclusive diario, responsabilidad del gobierno, para que los empleadores cumplan con su obligación de aportar. Como complemento, se puede otorgar un estímulo tributario, deduciendo el 200 % del costo laboral pagado por nuevos trabajadores afiliados. Así, se evita la inequidad del trabajador rural que puede ocasionar un caldo de cultivo para la próxima guerra. Es muy distinto a diseñar un esquema de seguridad social para los pequeños propietarios, que debería ser trabajo prioritario de la Federación.

De alguna manera, si la salud está cubierta por el régimen subsidiado, la tarea debe enfocarse en cómo arreglar el problema de pensión del 95% de los productores – que trabajan su finca y no aportan al sistema-, pero que con un estímulo más ambicioso que los Beps, podrían hacer una contribución y destinar los subsidios del gobierno no al precio, sino a asegurar la vejez de estos cultivadores.

De nuevo, y en el caso de los caficultores, uno ve una Federación trabajando por arreglar el problema de los medianos y grandes productores, que se enfrentan a un problema de incumplimiento de la ley laboral, pero apenas constituye el 5% de sus federados.

Cerca de 500.000 pequeños caficultores, que producen la mayor parte del café, aguantan con esperanza los ciclos de precios, pero no resisten una vejez sin pensión. No olvidemos que su energía se convierte en la fuerza que mueve la parcela, y desaparece al aumentar la edad de su propietario. La alianza que ahora ha hecho la Federación con los políticos para presionar al gobierno, debería servir para estos propósitos.

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