El piso de protección social -tan renombrado por el presidente Duque-, considerado un triunfo de los cafeteros, por haber luchado por años por una fórmula para evitar el aporte a riesgos laborales que les implica la contratación de trabajadores en cosecha, y a destajo para labores culturales.

Fue la misma Federación de Cafeteros quien promovió varias iniciativas legislativas que ahora se plasmaron en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, desarrollado por medio del decreto 1174, expedido durante la emergencia económica.

Este decreto, obliga a los empleadores a hacer un aporte de 15% sobre el valor reconocido a trabajadores que devenguen menos de un salario mínimo mensual, por trabajo realizados en menos de un mes, lo que no excluye a los cafeteros de la vigilancia de la Ugpp para que cumplan todas las normas, pero, además, no permite la deducción del gasto laboral que solo sigue siendo válido cuando se aportan todos los parafiscales.

Los medianos y grandes cafeteros se enfrentan a este problema que, implica una violación del código laboral, también la del estatuto tributario, al no contar con gastos laborales para deducir y, muchas veces venta a nombre de terceros, que linda con el penal.

Por lo tanto, lo que se anuncia con tanto entusiasmo no es más que un “autogol”, por cuanto la obligación de aportar 15% queda en cabeza del empleador y no del trabajador que sería lo consecuente, dada su condición de independiente. “Autogol”, dado que el empleador solo tiene que pagar 12% como aporte a pensión y máximo 1% para riesgos laborales, con contrato formal, si lo eximen del absurdo 4% para cajas de compensación, que no tiene razón de ser, menos aún, para los trabajadores del campo.

De esta forma, se cumplen todos los requisitos de ley y solo bastaría con que se permitiera aportar a través del Pila por días trabajados, al menos por semanas, una forma simple y práctica de afrontar el problema. El empleador necesita es despejar el riesgo de un accidente, una enfermedad, y el de pensión.

Sin duda con el citado decreto, el Gobierno autoriza que se pueda devengar menos del mínimo legal, sin recaudar nada para salud y, enfrenta a los empleadores a la Ugpp, solo con el listado de los patronos aportantes puede verificar cuál fue el tipo de relación laboral.

Como siempre lo hemos anunciado, el piso de protección social no será de utilidad para los medianos y grandes cafeteros que lo han promovido, y nuevamente el gremio, el Congreso de la República y ahora el gobierno, decretan una aparente solución para los 10.000 grandes productores, mientras 98%, campesinos que trabajan su finca, siguen desamparados, sólo con acceso a salud en el régimen subsidiado, aquellos que han logrado ingresar. Ya veremos después de un año cuando se publique el número de patronos aportantes y el número de beneficiarios, como no fue más que una ilusión para los grandes cafeteros.

Los 540.000 caficultores deberían tener derecho a entrar al régimen subsidiado en salud, con la cédula cafetera; y todos deberían aportar a los Beps -recibiendo 50% de apoyo del Estado por cada peso que aporten, y al menos 10% de parte de la contribución cafetera-. Este sí sería un verdadero acto de solidaridad gremial.