Para nadie es un secreto que Colombia, además de la crisis mundial por la pandemia, atraviesa una época de grandes retos para la institucionalidad del país, pues desde hace varios años se vienen presentando fenómenos que afectan gravemente el buen funcionamiento de nuestro Estado democrático. No quiero dejarme tentar en esta columna para caer en los lugares comunes de muchos de quienes han escrito sobre el proceso del expresidente Uribe, ya que la crisis, querido lector, no es del presente.

Lo primero que debemos aportar los ciudadanos es volver costumbre exigir el respeto a las decisiones judiciales, con independencia de su sentido, e incentivar que su debate se dé en los escenarios institucionales. En contraste, debemos erradicar la manía de decir que un juez es corrupto porque tomó una decisión que no nos es favorable. Si ese mismo juez tomara la decisión contraria, ¿deja de ser corrupto? ¿Cuál es el juez que respetamos, el que nos favorece? El ordenamiento jurídico colombiano tiene previstos diferentes controles que buscan generar filtro a las decisiones.

Pero, ¿por qué ciertas instituciones han perdido su crédito reputacional? Sin duda alguna, fenómenos como el ‘cartel de la toga’ y la desacreditación personal de algunos miembros de estas corporaciones han menguado su reputación, lo que ha hecho un daño enorme y hace que ese tipo de situaciones se convierta en gasolina de un fuego de polarización que termina por devorar las instituciones. Solo esta mezcla hace que el país esté enfrentado de extremo a extremo y que los únicos que perdamos seamos quienes no estamos involucrados, las instituciones y el país.

Por otro lado, poco aporta para superar la crisis que algunos medios de comunicación, en su labor de control y veeduría -como es su naturaleza-, han cruzado en ocasiones la delgada línea entre el cumplimiento de su función y la interferencia en las decisiones judiciales, a través de la excesiva exposición mediática que, como es obvio, termina volviéndose tendencia en redes sociales y cuya consecuencia es poner contra la pared a los funcionarios judiciales, obligándolos a explicar sus decisiones. No es propia esa función del periodismo ni del periodista; por el contrario, es una práctica que debemos erradicar porque no genera ningún beneficio social. Hay que encontrar el justo equilibrio entre informar y querer incidir.

Litigar en un proceso en el cual se exponen parcialmente versiones en medios de comunicación no solo hace tedioso su curso, sino que además genera un clima de desconfianza sobre la mesa, incomoda al juzgador y en nada contribuye a la administración de justicia. Quienes litigamos nos hemos tenido que ver envueltos en medio de esos torbellinos y no, no es deseable ese tipo de injerencia. Si el caso es de interés público, desde luego no podemos maniatar a medios de comunicación y por eso bienvenida la información, pero sin agenda.

A pesar de que ya el escenario es lamentable, tampoco podemos permitir que empeore con la interferencia, así sea tímida, del ejecutivo en la independencia de la rama judicial. Este principio no es absoluto y desde luego no implica que el ejecutivo se convierta en el comité de aplausos del judicial: lo que tampoco procede es asumir la defensa personal cuando su deber es la representación del interés general. Si el debate busca favorecer los intereses de la Nación y no uno personal, bienvenida la confrontación con base en los argumentos, pero no olvide, señor presidente, que es a partir de la divergencia y la colectividad que se construye realmente un país en el que quepamos todos.